El tribunal de atención permanente del distrito judicial de Santiago colocó la noche de este jueves una medida de coerción de ocho meses a cada uno de los imputados en el fraude de más de 100 millones de pesos y el tráfico de armas de gruesos calibres y mercancías cometido contra la Dirección General de Aduanas de Santiago.
Mientras se les conocía la audiencia a los acusados, en el municipio de Los Alcarrizos, del Distrito Nacional, las autoridades se incautaron de otro arsenal de armas de gruesos calibres y que, se supone forman parte de otro cargamento incautado en Santiago.
Se argumentó que centenares de armas, incluyendo ametralladoras Uzi introducidas al país en furgones de una compañía de envíos, han sido depositadas en distintas zonas del territorio nacional.
Además, se cree que los jóvenes funcionarios fueron utilizados por conocidos políticos para cometer estos hechos, pero no se precisó la razón del caso.
La jueza Agueda del Carmen García, que en principios se había inhibido del conocimiento del caso, debió subir a estrado luego de que la Procuraduría de la corte de Apelación de Santiago anulara la inhibición.
La medida de coerción, que sorprendió a dirigentes del partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la que estaba atento todo el Cibao, fue impuesta contra los funcionarios de Aduanas Miguel Angel Lazada, Adalberto Rosa Rosario y Gerard Estévez Cabrera. Estos fueron recluidos en una celda del Palacio de Justicia de Santiago.
Mientras tanto, el padre de Rosa Rosario, el diputado electo, ingeniero Adalberto Rosa pidió a la justicia que profundice la investigación porque considera que su hijo no es culpable. “Más culpable soy yo”, expresó el también director general del Instituto del Tabaco.
En el acto donde se proclamó la sentencia preliminar y donde no se permitió la entrada de los periodistas ni foto-reporteros, estaban presentes funcionarios de la Dirección General de Aduanas que parecían, con su presencia presionar a los funcionarios judiciales para que no dispusieran la libertad de los acusados.
La jueza García, quien argumentó que no podía conocer el caso porque era muy amiga de uno de padres de los imputados, debió retornar a sus funciones, luego de que los abogados de la defensa recusaran a la doctora Thelma Reyes.
La Corte de Apelación de Santiago, para anular la inhibición de la jueza García, dijo que muchos magistrados utilizan este subterfugio para evadir juicios de esta naturaleza.
Mientras se les conocía la audiencia a los acusados, en el municipio de Los Alcarrizos, del Distrito Nacional, las autoridades se incautaron de otro arsenal de armas de gruesos calibres y que, se supone forman parte de otro cargamento incautado en Santiago.
Se argumentó que centenares de armas, incluyendo ametralladoras Uzi introducidas al país en furgones de una compañía de envíos, han sido depositadas en distintas zonas del territorio nacional.
Además, se cree que los jóvenes funcionarios fueron utilizados por conocidos políticos para cometer estos hechos, pero no se precisó la razón del caso.
La jueza Agueda del Carmen García, que en principios se había inhibido del conocimiento del caso, debió subir a estrado luego de que la Procuraduría de la corte de Apelación de Santiago anulara la inhibición.
La medida de coerción, que sorprendió a dirigentes del partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la que estaba atento todo el Cibao, fue impuesta contra los funcionarios de Aduanas Miguel Angel Lazada, Adalberto Rosa Rosario y Gerard Estévez Cabrera. Estos fueron recluidos en una celda del Palacio de Justicia de Santiago.
Mientras tanto, el padre de Rosa Rosario, el diputado electo, ingeniero Adalberto Rosa pidió a la justicia que profundice la investigación porque considera que su hijo no es culpable. “Más culpable soy yo”, expresó el también director general del Instituto del Tabaco.
En el acto donde se proclamó la sentencia preliminar y donde no se permitió la entrada de los periodistas ni foto-reporteros, estaban presentes funcionarios de la Dirección General de Aduanas que parecían, con su presencia presionar a los funcionarios judiciales para que no dispusieran la libertad de los acusados.
La jueza García, quien argumentó que no podía conocer el caso porque era muy amiga de uno de padres de los imputados, debió retornar a sus funciones, luego de que los abogados de la defensa recusaran a la doctora Thelma Reyes.
La Corte de Apelación de Santiago, para anular la inhibición de la jueza García, dijo que muchos magistrados utilizan este subterfugio para evadir juicios de esta naturaleza.
