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Ley Partidos y penalización del aborto leyes más controversiales

Félix Parra | ACTUALIZADO 12.07.2018 - 8:58 pm

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SANTIAGO.-La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y el artículo que versa, sobre la penalización del aborto, contenido el Código Penal Dominicano, son las piezas legislativas, más controversiales, en las últimas décadas en la República Dominicana.
  
Ambos proyectos, llevan más de una diez años, en el Congreso Nacional, donde han sido ampliamente debatidos, pero los intereses partidarios, particulares y sectores han impedido su aprobación definitiva.
   
En lo relativo al primero, después de haber avanzado en el consenso de la mayoría de su contenido, lo ha estacado las diferencias entre los dirigentes de los partidos mayoritarios, que son el la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), en lo concerniente a la celebración de las primarias internas de esas entidades.
  
Después de meses de debates, cuando se pensaba que la misma fuera sancionada, esta semana la comisión especial designada para el estudio del proyecto, logró que la Cámara de Diputados aprobara su solicitud de extensión del plazo para continuar con el estudio de la iniciativa.
 
 Los diputados otorgaron 30 días más para que la comisión continúe con el proceso de debate, a pesar de que la legislatura ordinaria finaliza el próximo 25 de julio a las 12:00 de la medianoche.
 
Previo a las votaciones, el presidente de la comisión, Henry Merán, motivó la petición en virtud de que a la fecha no ha sido posible presentar un informe al hemiciclo.
  
Mientras, que el tema de la penalización del aborto lleva casi un año, detenido, después que el Presidente Danilo Medina, vetara el proyecto, tras recomendar modificaciones, la despenalización del mismo en aquellos casos, en que la vida de la madre esté en peligro o cuando se trata de un embarazo fruto de una violación o incesto, así como cuando el feto, no tiene posibilidad de sobrevivir.
  
En medio del impasse, el debate sobre el aborto sigue polarizando la opinión pública de la República Dominicana, donde esta práctica está totalmente prohibida, aunque cada año, de manera clandestina, se realizan miles de abortos poniendo en riesgo la vida de las mujeres, que claman por su despenalización.
  
El tema del aborto lleva años en el Congreso Nacional (bicameral), donde los legisladores no terminan de ponerse de acuerdo, agudizando las diferencias entre los defensores de los derechos de la mujer y los sectores conservadores.
 
 Las observaciones de Medina, sin embargo, han sido rechazadas por el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la última de ellas el pasado 31 de mayo, del pasado año.
 
De esta manera, las personas condenadas por causar o inducir a un aborto sufrirán penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado en mayo pasado.
 
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitió, a su vez, a la Comisión de Justicia, que recomendará al pleno del hemiciclo mantener la penalización del aborto.
  
La posición de los congresistas se sustenta en que el rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo “está fundamentado en el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte.
  
Los sectores más enfrentados son la Iglesia Católica, que respalda la penalización, por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y las feministas que sustenta su postura en aquellos casos de embarazo por violación y cuando la vida de la madre está en peligro.
  
La República Dominicana, es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
   
Mientras que datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente.

 



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