La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró
que el mejoramiento de la seguridad ciudadana requiere con urgencia una reforma estructural de la
Policía Nacional, que debe contar con la participación y consenso de las instituciones y sectores
más representativos de la sociedad dominicana.
En un documento de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, la FINJUS dice esa reforma estructural debe ser concebida desde una perspectiva integral y debe afectar aspectos claves de la vida institucional de ese órgano de protección de la ciudadanía.
Expresa que esa reforma policial debe enfocar en primer lugar el problema de la cultura militarista y autoritaria que predomina en el cuerpo policial.
Servio Tulio Castaños Guzmán subraya que en gran medida, esa cultura dificulta la necesaria comunicación con la sociedad e impide jugar el liderazgo necesario para combatir el crimen organizado, la delincuencia común y fortalecer el respecto de la ley.
“Es urgente que el carácter civil de la Policía Nacional sea reforzado y su subordinación a las autoridades civiles más clara y firme, de manera que las políticas públicas y programas elaborados desde el Estado sean efectivamente implementados por los agentes policiales” subraya el vicepresidente ejecutivo de la Finjus.
Como segunda prioridad, plantea la depuración profunda de las filas policiales para separar a los malos policías que se han unido al narcotráfico y el crimen organizado.
Subraya que se debe prescindir de esos sectores que han optado por la corrupción como su modo fundamental de vida, al amparo de la autoridad y la confianza que la sociedad y el Estado han puesto en sus manos.
Es alarmante el número creciente y sostenido de policías y militares que aparecen de manera regular en los medios de comunicación, imputados de la comisión de crímenes graves, tales como asaltos, robos, “tumbes de drogas”, asesinatos y secuestros.
“Es vital que el Poder Ejecutivo propicie la eliminación de la práctica que facilita que una cantidad muy significativa de agentes policiales se encuentren prestando servicios de seguridad a particulares o ejerciendo cualquier otra función ajena a sus funciones policiales, en desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades y distrayendo importantes recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos”.
En un documento de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, la FINJUS dice esa reforma estructural debe ser concebida desde una perspectiva integral y debe afectar aspectos claves de la vida institucional de ese órgano de protección de la ciudadanía.
Expresa que esa reforma policial debe enfocar en primer lugar el problema de la cultura militarista y autoritaria que predomina en el cuerpo policial.
Servio Tulio Castaños Guzmán subraya que en gran medida, esa cultura dificulta la necesaria comunicación con la sociedad e impide jugar el liderazgo necesario para combatir el crimen organizado, la delincuencia común y fortalecer el respecto de la ley.
“Es urgente que el carácter civil de la Policía Nacional sea reforzado y su subordinación a las autoridades civiles más clara y firme, de manera que las políticas públicas y programas elaborados desde el Estado sean efectivamente implementados por los agentes policiales” subraya el vicepresidente ejecutivo de la Finjus.
Como segunda prioridad, plantea la depuración profunda de las filas policiales para separar a los malos policías que se han unido al narcotráfico y el crimen organizado.
Subraya que se debe prescindir de esos sectores que han optado por la corrupción como su modo fundamental de vida, al amparo de la autoridad y la confianza que la sociedad y el Estado han puesto en sus manos.
Es alarmante el número creciente y sostenido de policías y militares que aparecen de manera regular en los medios de comunicación, imputados de la comisión de crímenes graves, tales como asaltos, robos, “tumbes de drogas”, asesinatos y secuestros.
“Es vital que el Poder Ejecutivo propicie la eliminación de la práctica que facilita que una cantidad muy significativa de agentes policiales se encuentren prestando servicios de seguridad a particulares o ejerciendo cualquier otra función ajena a sus funciones policiales, en desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades y distrayendo importantes recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos”.
