Jaime O. González, Presidente de COPARDOM, expresó como muy importante, justo y apegado a la normativa laboral el fallo de la Suprema Corte de Justicia que rechaza la obligatoriedad de establecer como la suscripción de contratos de trabajo escritos.
Con esta decisión el máximo tribunal de justicia confirma la decisión de la Corte de Apelación de Trabajo de San Pedro de Macorís que revocó la sentencia de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa ciudad. En opinión del Presidente de COPARDOM, “este fallo reconoce con exactitud el hecho de que el contrato de trabajo no es aquel que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en los hechos”.
Expresó el ingeniero Jaime O. González que el fallo de la Suprema Corte de Justicia constituye una señal positiva sobre su determinación para hacer valer sin privilegios los derechos de los actores sociales involucrados en el proceso productivo apegándose al cumplimiento y rol que le confieren la Constitución de la República y las Leyes.
“Con ello, se contribuye a fortalecer el clima de seguridad jurídica e inversión en la República Dominicana en momentos en que la creación y preservación del empleo y las inversiones son esenciales para mantener la estabilidad social del país y la transformación de nuestra sociedad”.
Con esta decisión el máximo tribunal de justicia confirma la decisión de la Corte de Apelación de Trabajo de San Pedro de Macorís que revocó la sentencia de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa ciudad. En opinión del Presidente de COPARDOM, “este fallo reconoce con exactitud el hecho de que el contrato de trabajo no es aquel que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en los hechos”.
Expresó el ingeniero Jaime O. González que el fallo de la Suprema Corte de Justicia constituye una señal positiva sobre su determinación para hacer valer sin privilegios los derechos de los actores sociales involucrados en el proceso productivo apegándose al cumplimiento y rol que le confieren la Constitución de la República y las Leyes.
“Con ello, se contribuye a fortalecer el clima de seguridad jurídica e inversión en la República Dominicana en momentos en que la creación y preservación del empleo y las inversiones son esenciales para mantener la estabilidad social del país y la transformación de nuestra sociedad”.
