Las instituciones oficiales responsables de llevar el caso de los tejidos tubulares y sacos de polipropileno ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), destacan que la resolución del Grupo Especial reconoció que en República Dominicana hubo un incremento masivo de las importaciones que dieron origen a la medida aplicada por la Comisión de Defensa Comercial (CDC), y rechazó el reclamo de los centroamericanos de que el país actuó de manera inconsistente al aplicar una salvaguardia.
En tanto que el dirigente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), Kai Schoenhals, aclaró que el país no se expone a sanciones por aplicar aranceles a industrias de Centroamérica.
No obstante, el empresario consideró que las autoridades dominicanas lo que deben es hacer más competitivas las empresas del país, resolviendo el problema eléctrico, que a su juicio eleva los costos. Schoenhals se refirió al tema al ser abordado por los periodistas en el Palacio Nacional.
En declaración conjunta, la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Comisión de Defensa Comercial (CDC), explican que el Panel de expertos también reconoció que el país cumplió con las notificaciones de la medida y que completó todas las oportunidades de consultas dispuestas por el Acuerdo de Salvaguardia, lo cual resalta la transparencia y apertura con que República Dominicana llevó a cabo todo este proceso.
Asimismo, las instancias oficiales manifestaron la disposición de mantener el compromiso de fomentar un intercambio comercial armonioso y saludable con los socios de los acuerdos de libre comercio suscritos por la República Dominicana.
La nota informativa divulgada este miércoles a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio recuerda que la salvaguardia sobre las importaciones de tejidos tubulares y sacos de polipropileno de toda procedencia u origen, está en aplicación desde octubre de 2010, sujeta a un proceso de desmonte arancelario que concluye el próximo 21 de abril de 2012.
Señala que está en revisión el informe final del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene puntos a favor y en contra a las argumentaciones presentadas por el país en el marco de la estrategia de defensa estructurada en esta controversia, con la cual el país ejerció su derecho de utilizar el mecanismo que provee la OMC para defender a sus sectores productivos y los empleos que estos generan.
En tanto que el dirigente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), Kai Schoenhals, aclaró que el país no se expone a sanciones por aplicar aranceles a industrias de Centroamérica.
No obstante, el empresario consideró que las autoridades dominicanas lo que deben es hacer más competitivas las empresas del país, resolviendo el problema eléctrico, que a su juicio eleva los costos. Schoenhals se refirió al tema al ser abordado por los periodistas en el Palacio Nacional.
En declaración conjunta, la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Comisión de Defensa Comercial (CDC), explican que el Panel de expertos también reconoció que el país cumplió con las notificaciones de la medida y que completó todas las oportunidades de consultas dispuestas por el Acuerdo de Salvaguardia, lo cual resalta la transparencia y apertura con que República Dominicana llevó a cabo todo este proceso.
Asimismo, las instancias oficiales manifestaron la disposición de mantener el compromiso de fomentar un intercambio comercial armonioso y saludable con los socios de los acuerdos de libre comercio suscritos por la República Dominicana.
La nota informativa divulgada este miércoles a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio recuerda que la salvaguardia sobre las importaciones de tejidos tubulares y sacos de polipropileno de toda procedencia u origen, está en aplicación desde octubre de 2010, sujeta a un proceso de desmonte arancelario que concluye el próximo 21 de abril de 2012.
Señala que está en revisión el informe final del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene puntos a favor y en contra a las argumentaciones presentadas por el país en el marco de la estrategia de defensa estructurada en esta controversia, con la cual el país ejerció su derecho de utilizar el mecanismo que provee la OMC para defender a sus sectores productivos y los empleos que estos generan.
