El Presupuesto Nacional de Ley de Ingresos y Gastos Públicos se está aplicando con un aumento de RD$50 mil millones de pesos con relación al del año pasado. No obstante, los técnicos del equipo económico del Estado, no parece importarle por el momento las medidas que están previstas a ser aplicadas para lograr ese ajuste.
Y el que desconozca la razón, debe estar seguro que todavía, al tercer mes del año, nadie anuncie de dónde se sacarán los fondos para estos fines.
Sin embargo, ya tenemos informaciones de que por razones de campaña política y por la inconveniencia del momento, por el momento no se aplicará ninguna reforma fiscal para cubrir los términos del Presupuesto Nacional del año 2010.
Y tenemos que estar seguro de una cosa, a partir de la pasada campaña con las elecciones del 16 de mayo, se comenzará a hablar de reforma fiscal.
Y una de las alternativas propuestas es que se ampliarán las bases del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Esto implicaría que este impuesto se aplicará a todos los productos y
mercancías, incluidos los alimentos y las medicinas, los cuales experimentarán alzas extraordinarias de precios en el mercado. Esta medida reducirá la calidad de vida de los dominicanos que tendrán que pagar más impuestos con muy bajos ingresos económicos.
ALZAS Y DEVALUACION
En los últimos días se han registrado alzas de precios en artículos del consumo masivo y todo esto sin que se hayan presentado distorsiones en el mercado. Por ejemplo, el azúcar subió de precio porque el gobierno envió un cargamento del producto como ayuda dominicana a Haití.
Estos aumentos de precios se manifiestan en una disminución contínua del valor del dinero, se convierte en una depreciación de nuestra moneda.
Y cuando esto sucede se lesiona la economía social porque se siente en
la cantidad o la calidad de los activos debido al desgaste, a su obsoleta forma de aplicarse.
Para el cálculo de la depreciación, según datos de organismos oficiales, se debe tomar en cuenta la base, que es generalmente el costo del activo, el valor de deshecho que es el importe que se puede recuperar y la vida estimada que es el período de utilidad económica.
No obstante, el principal método de depreciación del dinero es el de línea recta, en los términos en que se conoce como una devaluación progresiva.
A medida que aumentan los precios de las mercancías y de los
artículos en el mercado, se registra una depreciación de la moneda, una devaluación que atenta con una reducción del costo del dinero.
Es como una especie de debilidad económica en que se deprime el valor del dinero y ésto abre con más intensidad la brecha entre pobres y ricos.
UNA LEY CUESTIONADA
La ley de carburantes no está simplificada para reajustar los precios de los combustibles de acuerdo al comportamiento del mercado internacional del barril del petróleo.
Todo este proceso obedece a una práctica aparentemente antojadiza de los técnicos del ministerio de Industria y Comercio.
El reajuste de los precios locales del mercado de carburantes no está sujeto a la realidad del mercado internacional del crudo. Las alzas se aplican, en muchas ocasiones, obviando los términos de la ley.
En las últimas semanas se han realizado reajustes (alzas) en el precio del galón de los dos tipos de gasolina y de gasoil que se comercializan en la República Dominicana.
No obstante, tenemos que entender que es la vía, mediante la cual el gobierno nos obliga a pagar los servicios de la deuda externa y hasta la deuda pública en medio de una voracidad de préstamos internacionales.
El ministerio de Industria y Comercio que dirige el abogado José Ramón Fadul adopta esta medida conociendo que están aplicando alzas que no se ajustan a la realidad del mercado. Y es que estamos pagando RD$57.70 por encima de los cálculos de como se cotiza el barril del petróleo en el mercado internacional.
PENAS ARANCELARIAS
El criterio de penalización a los grupos productivos es un error de los gobiernos.
Y todo porque resulta ridículo, si se quiere, que aquellos sectores productores de bienes y servicios deban cargar con el peso de medidas impositivas y arancelarias que más que bien, perjudican su estabilidad económica.
Las empresas productoras de bienes y servicios no deben ser penalizadas en este momento en que se buscan alternativas de desarrollo para abrir campos de abastares y crear nuevas plazas de trabajo.
El desempleo está acabando con la paz social de este país y con ello se atenta contra la seguridad y la paz que vivió esta nación.
Esta maquinaria estructural debe ser objeto de una reforma...pero urgente.
Y el que desconozca la razón, debe estar seguro que todavía, al tercer mes del año, nadie anuncie de dónde se sacarán los fondos para estos fines.
Sin embargo, ya tenemos informaciones de que por razones de campaña política y por la inconveniencia del momento, por el momento no se aplicará ninguna reforma fiscal para cubrir los términos del Presupuesto Nacional del año 2010.
Y tenemos que estar seguro de una cosa, a partir de la pasada campaña con las elecciones del 16 de mayo, se comenzará a hablar de reforma fiscal.
Y una de las alternativas propuestas es que se ampliarán las bases del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Esto implicaría que este impuesto se aplicará a todos los productos y
mercancías, incluidos los alimentos y las medicinas, los cuales experimentarán alzas extraordinarias de precios en el mercado. Esta medida reducirá la calidad de vida de los dominicanos que tendrán que pagar más impuestos con muy bajos ingresos económicos.
ALZAS Y DEVALUACION
En los últimos días se han registrado alzas de precios en artículos del consumo masivo y todo esto sin que se hayan presentado distorsiones en el mercado. Por ejemplo, el azúcar subió de precio porque el gobierno envió un cargamento del producto como ayuda dominicana a Haití.
Estos aumentos de precios se manifiestan en una disminución contínua del valor del dinero, se convierte en una depreciación de nuestra moneda.
Y cuando esto sucede se lesiona la economía social porque se siente en
la cantidad o la calidad de los activos debido al desgaste, a su obsoleta forma de aplicarse.
Para el cálculo de la depreciación, según datos de organismos oficiales, se debe tomar en cuenta la base, que es generalmente el costo del activo, el valor de deshecho que es el importe que se puede recuperar y la vida estimada que es el período de utilidad económica.
No obstante, el principal método de depreciación del dinero es el de línea recta, en los términos en que se conoce como una devaluación progresiva.
A medida que aumentan los precios de las mercancías y de los
artículos en el mercado, se registra una depreciación de la moneda, una devaluación que atenta con una reducción del costo del dinero.
Es como una especie de debilidad económica en que se deprime el valor del dinero y ésto abre con más intensidad la brecha entre pobres y ricos.
UNA LEY CUESTIONADA
La ley de carburantes no está simplificada para reajustar los precios de los combustibles de acuerdo al comportamiento del mercado internacional del barril del petróleo.
Todo este proceso obedece a una práctica aparentemente antojadiza de los técnicos del ministerio de Industria y Comercio.
El reajuste de los precios locales del mercado de carburantes no está sujeto a la realidad del mercado internacional del crudo. Las alzas se aplican, en muchas ocasiones, obviando los términos de la ley.
En las últimas semanas se han realizado reajustes (alzas) en el precio del galón de los dos tipos de gasolina y de gasoil que se comercializan en la República Dominicana.
No obstante, tenemos que entender que es la vía, mediante la cual el gobierno nos obliga a pagar los servicios de la deuda externa y hasta la deuda pública en medio de una voracidad de préstamos internacionales.
El ministerio de Industria y Comercio que dirige el abogado José Ramón Fadul adopta esta medida conociendo que están aplicando alzas que no se ajustan a la realidad del mercado. Y es que estamos pagando RD$57.70 por encima de los cálculos de como se cotiza el barril del petróleo en el mercado internacional.
PENAS ARANCELARIAS
El criterio de penalización a los grupos productivos es un error de los gobiernos.
Y todo porque resulta ridículo, si se quiere, que aquellos sectores productores de bienes y servicios deban cargar con el peso de medidas impositivas y arancelarias que más que bien, perjudican su estabilidad económica.
Las empresas productoras de bienes y servicios no deben ser penalizadas en este momento en que se buscan alternativas de desarrollo para abrir campos de abastares y crear nuevas plazas de trabajo.
El desempleo está acabando con la paz social de este país y con ello se atenta contra la seguridad y la paz que vivió esta nación.
Esta maquinaria estructural debe ser objeto de una reforma...pero urgente.
