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Alguaciles reclaman aumento salarial

Pedro Guzmán Badía | ACTUALIZADO 12.11.2013 - 8:58 pm

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SANTO DOMINGO.-El presidente del Núcleo Nacional de Alguaciles, Félix Jiménez Campusano, abogó por un aumento salarial para los servidores judiciales que representa, por considerar que merecen mejores condiciones de vida. Entiende que la Suprema Corte de Justicia debe lograr un presupuesto adecuado, ya que todos los empleados del sistema judicial aspiran a superar sus sueldos.
  
Expresó que  jueces, alguaciles y empleados con diversas funciones comentan sobre sus intenciones de renunciar, debido a la inconformidad con sus salarios. “Mejorar el sueldo evitaría que vuelva  la prevaricación y el soborno que otrora se practicaba con descaro”.
  
Cree que según el ambiente judicial existen amplias posibilidades de que haya protestas, ya que  hay  organizaciones de jueces, alguaciles y empleados que tienen un punto que los unifica; mejorar sus entradas.
 
Jiménez Campusano dijo que la solución de los alguaciles descansa engavetada y polvorienta en el Congreso Nacional, porque antes de la modificación al Código Procesal Penal presentaron su propuesta para percibir más ingresos, por ante el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y Demóstenes  Martínez, presidente de la Comisión Especial de Justicia.
 
“Hay  una serie de artículos absurdos que debían ser modificados, ya que nos perjudican gravemente, pero los intereses encontrados impidieron  la modificación, debido a que diputados de la comisión ejercen el Derecho y optaron por no modificar, para evitar pagarles a los alguaciles sus emolumentos por las citaciones  en los casos  en los que los imputados apoderan abogados privados para que asuman su defensa”, denunció.
 
Manifestó que otro punto sugerido fue que se expresen en la ley las funciones de los alguaciles, en vista de que el código no dice nada de sus responsabilidades. “Sin embargo, llevamos cargas muy pesadas, injustas y ajenas” al tener que cubrir los gastos de las notificaciones privadas y las de acción pública con abogados privados apoderados y por eso gastan $ 100 a $ 300 y hasta más.
 





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