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Senador PLD resalta importancia ley contra lavado de activos

Redacción | ACTUALIZADO 19.05.2017 - 11:48 pm

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SANTO DOMINGO-.El senador Adriano Sánchez Roa afirmó que la nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo será el instrumento más pertinaz y amplio contra la corrupción pública, privada del país, y también aquellas con nexos internacionales, lo que le retornará al pueblo dominicano inmensos capitales y bienes alcanzados o por obtener ilícitamente.

El Presidente de la comisión que estudia esta pieza, dijo que la voluntad expresada por el Presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero y plasmada con el depósito de la iniciativa, junto al proyecto de extinción de dominio, es una convincente mostración de trasparencia y decisión de combatir la corrupción.

Sánchez Roa explicó que habrá mayor alcance penal y de decomiso al que tenga u obtenga dineros o bienes, desde el Estado, la banca, las transacciones privadas, juegos, los sectores empresariales, etc. porque obligan y ponen alertas a autoridades, las que de no actuar serían también pasibles de fuertes sanciones.

Explicó que “Ahora bien, esta ley al mismo tiempo impulsa y protege los que actúen acorde los principios de honestidad, acogidos a las disposiciones constitucional y legales, pues se les acortan los mecanismos que permitían los escapes a la sustracción de propiedades, bienes y dinero del Estado, el narcotráfico y los manejos ilegales del sector privado”.

Sánchez Roa precisó que la ley castiga a la autoridad competente de la fiscalización, cuando a sabiendas de la falta grave incurrida, no inicie o impida que se inicie el procedimiento sancionador; a los notarios públicos, registradores públicos que sin constancia fehaciente del medio de pago participe en las operaciones sancionadas por la ley; así como a la persona física o jurídica que preste su nombre.

Entre los órganos supervisores de sujetos obligados están las superintendencias de Bancos, valores, seguros y seguridad privada, IDECOOP, dirección de casinos y juegos de azar del ministerio de Hacienda, la DGII, etc.

Sánchez Roa explicó que estará la persona expuesta políticamente (PEP), para cualquier individuo que desempeñe o ha desempeñado durante 3 años, altas posiciones públicas; se considerarán PEP todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración juradas de bienes.

Se obligan a las entidades financieras, de valores, canje, cambios de divisas y remesa de divisas, personas jurídicas, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, corredores de seguros, puestos de bolsas, casinos de juegos, agentes inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, entre otras, a informar en tiempo límite, todas las operaciones sospechosas, de acuerdo a las posiciones de la ley.

Sánchez Roa destacó el trabajo arduo de los integrantes de la Comisión de Seguridad y Defensa, y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, quienes contaron con la asistencia de los organismos correspondientes del Estado, la asociación de bancos, del sector turismo, zonas francas, el CONEP, la asociación de industria, FINJUS, Fundación Justicia y Transparencia, y ADOCCO.

El proyecto de ley fue aprobado anoche en primera lectura y este viernes el senado se propone cumplir con la segunda lectura a fin de enviarlo a la Cámara de diputados, pues la República Dominicana sería evaluada próximamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo que se lograría un mejor posicionamiento en la transparencia y el combate a la corrupción.

Sánchez Roa dijo que se prohíben liquidar o aceptar liquidación o el pago mediante efectivo o metales preciosos sobre derechos de inmuebles superior al millón de pesos, vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones superior a los quinientos mil pesos, relojes, joyas preciosas superior a los RD$450.0 mil, boletos de juegos o casinos superior a los RD$250.0 mil, entre otros.

“para los actos económicos, financieros ilícitos, de narcotráfico, corrupción pública o privada, habrán sanciones ejemplarizadoras  económicas y de cárcel, así como la degradación ciudadana y política, pudiendo la persona perder el derecho a ocupar posiciones gubernamentales, dirigenciales en el sector privado y de realizar simples transacciones económicas.




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