El Consejo de las Cooperativas ha elevado su voz de alerta frente a la pretensión de ciertos funcionarios y representativos del sector bancario, quienes siguiendo las sugerencias de los organismos financieros multinacionales, plantean su necesidad de que las cooperativas de ahorro y crédito pasen a ser regidas por la Ley monetaria y financiera y supervisadas por la Súper Intendencia de Bancos en vez del IDECOOP.
El intento se manifestó con motivo de la reforma constitucional y aunque en esa ocasión no prosperó, la trama contra el movimiento cooperativo se mantiene.
Las cooperativas de ahorro y crédito, reguladas de acuerdo a la Ley 127 y supervisadas por el IDECOOP, representan un aporte de un 5% del PIB y han acumulado activos por unos 45 mil millones de pesos, con una matrícula de 1.2 millones de socios. Constituye el mayor apoyo financiero del sector de las pymes, sector económico que es el mayor generador de empleos en el país y el cual se beneficia de la economía solidaria, al lograr acceso al crédito en base a los ahorros, sin las garantías de la banca formal y con la rigurosidad del marco regulatorio corperativo.
Someter las cooperativas a la Ley monetaria y financiera es desconocer los fundamentos de la economía solidaria, la que se diferencian de la economía de empresas lucrativas, complementándola desde una óptica humanizada. Pero, además, las condenarían a desaparecer, ya que no podrían prestar en base de los ahorros de sus asociados y bajos condiciones de garantías que harían colapsar a las cooperativas, tal como enseña la experiencia latinoamericana.
Cooperativismo y capitalismo salvaje
Pero el mayor daño sería para los micros y pequeños empresarios que quedarían sin financiamiento y por esa vía se perderían miles y miles de empleos, al tiempo de informalizar aún más la economía, elevando el nivel de la indefensión de la población de más escasos recursos.
Estos resultados deberían espantar a quienes la avaricia los lleva a plantear una eventualidad tan catastrófica como violatoria de la Constitución, que en su artículo 222 garantiza las diversas formas de economía solidaria auspiciadas por el Estado.
Evitemos que el capitalismo salvaje del que nos hablara el Papa Juan Pablo II, vuelva a manifestarse en nuestra Nación, como ya lo hizo con el fraude bancario del 2003, y en el plano mundial con la mayor crisis financiera global. Que no se incurra en el pecado de lesa economía de destruir un capital social solidario que más que amenazar las familias dominicanas, les asegura una alternativa más humanizada de “economía para la vida”.
No apliquemos más recetas que obedezcan a la avaricia y que sólo aseguran concentrar la riqueza y ampliar la pobreza.
El intento se manifestó con motivo de la reforma constitucional y aunque en esa ocasión no prosperó, la trama contra el movimiento cooperativo se mantiene.
Las cooperativas de ahorro y crédito, reguladas de acuerdo a la Ley 127 y supervisadas por el IDECOOP, representan un aporte de un 5% del PIB y han acumulado activos por unos 45 mil millones de pesos, con una matrícula de 1.2 millones de socios. Constituye el mayor apoyo financiero del sector de las pymes, sector económico que es el mayor generador de empleos en el país y el cual se beneficia de la economía solidaria, al lograr acceso al crédito en base a los ahorros, sin las garantías de la banca formal y con la rigurosidad del marco regulatorio corperativo.
Someter las cooperativas a la Ley monetaria y financiera es desconocer los fundamentos de la economía solidaria, la que se diferencian de la economía de empresas lucrativas, complementándola desde una óptica humanizada. Pero, además, las condenarían a desaparecer, ya que no podrían prestar en base de los ahorros de sus asociados y bajos condiciones de garantías que harían colapsar a las cooperativas, tal como enseña la experiencia latinoamericana.
Cooperativismo y capitalismo salvaje
Pero el mayor daño sería para los micros y pequeños empresarios que quedarían sin financiamiento y por esa vía se perderían miles y miles de empleos, al tiempo de informalizar aún más la economía, elevando el nivel de la indefensión de la población de más escasos recursos.
Estos resultados deberían espantar a quienes la avaricia los lleva a plantear una eventualidad tan catastrófica como violatoria de la Constitución, que en su artículo 222 garantiza las diversas formas de economía solidaria auspiciadas por el Estado.
Evitemos que el capitalismo salvaje del que nos hablara el Papa Juan Pablo II, vuelva a manifestarse en nuestra Nación, como ya lo hizo con el fraude bancario del 2003, y en el plano mundial con la mayor crisis financiera global. Que no se incurra en el pecado de lesa economía de destruir un capital social solidario que más que amenazar las familias dominicanas, les asegura una alternativa más humanizada de “economía para la vida”.
No apliquemos más recetas que obedezcan a la avaricia y que sólo aseguran concentrar la riqueza y ampliar la pobreza.
