La política dominicana, guiada por el modelo cultural del patrimonialismo que induce a los funcionarios del Estado a apropiarse de los bienes públicos, es una actividad que por esa razón atrae a muchos que ven en los puestos del Estado la oportunidad de realizarse económicamente.
Esa vocación se sistematizó en la Era de Trujillo en favor del Jefe y sus relacionados, pero también se expresó en la época de los 12 años de Balaguer, en donde la política produjo lo que el propio doctor llamó “los 300 millonarios”, haciendo alusión a la corrupción que, sin embargo, facilitó la emergencia del sector empresarial dominicano y de la llamada “pujante clase media”.
Eran los frutos socioeconómicos de una gestión política que se propuso como objetivo la instauración de un nuevo modelo económico fundamentado en el fomento de la iniciativa privada, tal como lo quisieron los EEUU a través de la Alianza para el Progreso y los grupos privados nacionales antitrujillistas integrados en lo que fuera la Unión Cívica Nacional.
Esa transformación de la estructura del poder socioeconómico es la gran diferencia de Balaguer con Trujillo. Este último fomentó un modelo económico estatista en el que la propiedad del Estado se confundió con la personal del Jefe, mientras que Balaguer delegó la apropiación económica en los nuevos empresarios cívico-militares, a cambio de que éstos lo apuntalaran en el poder político de manera indefinida.
En estos tiempos de democracia electoral gestionada por la partidocracia clientelar, la vocación patrimonialista se manifiesta con similar o mayor vigor. La prensa nos trae la nota de que 24 de los 32 senadores, según la declaración jurada de bienes, acumulan una fortuna de aproximadamente 700 millones de pesos, aunque hay algunos de ellos a los que se le atribuyen fortunas acumuladas a través de la política que en forma líquida se acercan o superan las fortunas de los empresarios recononocidos como los hombres más ricos de la Nación.
Si a esta muestra le adicionamos los funcionarios y relacionados en negocios fomentados desde las funciones públicas, estamos frente a otra nueva cohorte de millonarios creados al amparo de la política patrimonialista que, aún en democracia, sigue gravitando y guiando el comportamiento del país político.
Lo que habría que preguntarse es si esta capacidad de traspasar riquezas del Estado a la nueva clase política millonaria, se traducirá en una expansión de las fuerzas productivas que elevará la producción nacional, o si por el contrario constituye una clase política parasitaria de vocación consumista y estimuladora del consumo ostentoso, las importaciones, el endeudamiento y la voracidad fiscal.
¡Que sea lo primero, si no, que el país se prepare a llorar lágrimas de sangre!
Esa vocación se sistematizó en la Era de Trujillo en favor del Jefe y sus relacionados, pero también se expresó en la época de los 12 años de Balaguer, en donde la política produjo lo que el propio doctor llamó “los 300 millonarios”, haciendo alusión a la corrupción que, sin embargo, facilitó la emergencia del sector empresarial dominicano y de la llamada “pujante clase media”.
Eran los frutos socioeconómicos de una gestión política que se propuso como objetivo la instauración de un nuevo modelo económico fundamentado en el fomento de la iniciativa privada, tal como lo quisieron los EEUU a través de la Alianza para el Progreso y los grupos privados nacionales antitrujillistas integrados en lo que fuera la Unión Cívica Nacional.
Esa transformación de la estructura del poder socioeconómico es la gran diferencia de Balaguer con Trujillo. Este último fomentó un modelo económico estatista en el que la propiedad del Estado se confundió con la personal del Jefe, mientras que Balaguer delegó la apropiación económica en los nuevos empresarios cívico-militares, a cambio de que éstos lo apuntalaran en el poder político de manera indefinida.
En estos tiempos de democracia electoral gestionada por la partidocracia clientelar, la vocación patrimonialista se manifiesta con similar o mayor vigor. La prensa nos trae la nota de que 24 de los 32 senadores, según la declaración jurada de bienes, acumulan una fortuna de aproximadamente 700 millones de pesos, aunque hay algunos de ellos a los que se le atribuyen fortunas acumuladas a través de la política que en forma líquida se acercan o superan las fortunas de los empresarios recononocidos como los hombres más ricos de la Nación.
Si a esta muestra le adicionamos los funcionarios y relacionados en negocios fomentados desde las funciones públicas, estamos frente a otra nueva cohorte de millonarios creados al amparo de la política patrimonialista que, aún en democracia, sigue gravitando y guiando el comportamiento del país político.
Lo que habría que preguntarse es si esta capacidad de traspasar riquezas del Estado a la nueva clase política millonaria, se traducirá en una expansión de las fuerzas productivas que elevará la producción nacional, o si por el contrario constituye una clase política parasitaria de vocación consumista y estimuladora del consumo ostentoso, las importaciones, el endeudamiento y la voracidad fiscal.
¡Que sea lo primero, si no, que el país se prepare a llorar lágrimas de sangre!
