Las estadísticas oficiales refrendadas por el FMI y otras agencias internacionales, nos hablan de una economía nacional en vigoroso crecimiento. Empero el déficit fiscal, la balanza comercial negativa, los subsidios, los grandes gastos electorales y el pesado servicio de la deuda, nos remiten a una economía agobiada que obliga al Gobierno a la búsqueda compulsiva de recursos para tratar de equilibrar la carga y poder cumplir con los compromisos acordados con el FMI.
Bajo esos requerimientos se origina la necesidad del Gobierno de restablecer el mecanismo de la indexación de los combustibles, cuya aplicación se acordó con la cúpula empresarial de hacerse de manera gradual. Sin embargo, los transportistas la rechazan bajo el argumento de que provocará una escalada alcista en los precios.
Aunque el Gobierno también acordó con los empresarios dejar sin efecto el cobro anticipado del ITBIS aplicado a las materias primas y maquinarias, el mismo se ha empezado a cobrar por la Dirección General de Aduanas provocando la reacción inmediata del empresariado, el cual rechaza de manera absoluta el cobro de esos impuestos en Aduanas, alegando que se trata de una acción violatoria de la Ley 392-07.
Los empresarios advierten que el pago anticipado del ITBIS, pondrá en situación difícil a muchas empresas medianas y pequeñas que se descapitalizarán pudiendo ir a la quiebra y perdiéndose más empleos en la economía, al tiempo de reducir la competitividad del país.
El hecho no sólo pone de manifiesto el agobio económico del Gobierno y la reacción adversa de empresarios y transportistas, sino que evidencia la incapacidad del mismo Gobierno de concertar con credibilidad. La situación tiene su origen en el hecho de que la sociedad y el propio Estado no tienen mecanismo de control y sanción frente a los desmanes del grupo gobernante en el destino y uso del gasto público, especialmente en aquellos recursos que se utilizan en politiquería y para ganar elecciones.
El cuadro en sí mismo significa debilidad y/o ausencia de la institucionalidad del Estado dominicano, que a su vez se traduce en ineficiencia, escasa calidad del gasto público y tensiones y conflictos, cuyos resultados luego tiene que pagar y sufrir el pueblo indefenso con más impuestos, más desempleos o con aumento de los precios en la economía.
Escalada alcista en los precios
Precisamente la prensa nacional se ha hecho eco de los aumentos de precios que se han empezado a registrar en los productos de consumo masivo como el pan, arenque, bacalao y vegetales, entre otros, luego de las medidas recaudatorias del Gobierno.
Esta tendencia alcista también coincide con la gradual pero progresiva elevación de la tasa de cambio, que ya sobrepasó la barrera de los 37x1.
¡Cuidado con esas tendencias atentatorias de la estabilidad macroeconómica!
Bajo esos requerimientos se origina la necesidad del Gobierno de restablecer el mecanismo de la indexación de los combustibles, cuya aplicación se acordó con la cúpula empresarial de hacerse de manera gradual. Sin embargo, los transportistas la rechazan bajo el argumento de que provocará una escalada alcista en los precios.
Aunque el Gobierno también acordó con los empresarios dejar sin efecto el cobro anticipado del ITBIS aplicado a las materias primas y maquinarias, el mismo se ha empezado a cobrar por la Dirección General de Aduanas provocando la reacción inmediata del empresariado, el cual rechaza de manera absoluta el cobro de esos impuestos en Aduanas, alegando que se trata de una acción violatoria de la Ley 392-07.
Los empresarios advierten que el pago anticipado del ITBIS, pondrá en situación difícil a muchas empresas medianas y pequeñas que se descapitalizarán pudiendo ir a la quiebra y perdiéndose más empleos en la economía, al tiempo de reducir la competitividad del país.
El hecho no sólo pone de manifiesto el agobio económico del Gobierno y la reacción adversa de empresarios y transportistas, sino que evidencia la incapacidad del mismo Gobierno de concertar con credibilidad. La situación tiene su origen en el hecho de que la sociedad y el propio Estado no tienen mecanismo de control y sanción frente a los desmanes del grupo gobernante en el destino y uso del gasto público, especialmente en aquellos recursos que se utilizan en politiquería y para ganar elecciones.
El cuadro en sí mismo significa debilidad y/o ausencia de la institucionalidad del Estado dominicano, que a su vez se traduce en ineficiencia, escasa calidad del gasto público y tensiones y conflictos, cuyos resultados luego tiene que pagar y sufrir el pueblo indefenso con más impuestos, más desempleos o con aumento de los precios en la economía.
Escalada alcista en los precios
Precisamente la prensa nacional se ha hecho eco de los aumentos de precios que se han empezado a registrar en los productos de consumo masivo como el pan, arenque, bacalao y vegetales, entre otros, luego de las medidas recaudatorias del Gobierno.
Esta tendencia alcista también coincide con la gradual pero progresiva elevación de la tasa de cambio, que ya sobrepasó la barrera de los 37x1.
¡Cuidado con esas tendencias atentatorias de la estabilidad macroeconómica!
