El escándalo generado por el despido sin pago de prestaciones laborales ejercido por la minera multinacional Barrick Gold contra un grupo de trabajadores, coloca por nueva vez en tela de juicio a una empresa que desde el primer día ha venido concitando el interés de la opinión pública nacional y no precisamente por buenas razones sino por las dudas respecto de las condiciones de la compañía para llevar adelante la explotación del llamado oro de los sulfuros, por sus relaciones con la comunidad laboral y por su papel en el cuidado del medioambiente.
En ocasión de que resultara intoxicado un alto número de sus trabajadores, casi todos los afectados de nacionalidad peruana, la empresa intentó ocultar la ocurrencia de aquella lamentable situación, interfiriendo el paso a los periodistas que requerían información para los medios de comunicación social que representaban; y cuando la noticia se tornó innegable e inocultable, la Barrick persistió en la búsqueda y presentación de argumentos insostenibles y de escasa credibilidad.
Ahora tuvo que salir al frente el Ministerio de Estado de Trabajo a la situación creada por los despidos de trabajadores sin las compensaciones de ley, en un gesto que debe amainar las protestas populares en la zona de la provincia Sánchez Ramírez en que se encuentran los yacimientos auríferos concedidos en explotación a esa multinacional minera que, por lo que ya se contempla desde el momento de la concesión y desde el instante de su entrada al país, es una compañía que dará mucha agua que beber a la República.
Cabe aquí que se haga la pregunta que sirve como título a esta opinión editorial: ¿y qué clase de empresa es ésa? ¿Ni siquiera porque ha estado bajo el foco de la opinión pública desde un primer instante, es capaz de comportarse como una compañía responsable? ¿A ese mismo nivel debe medirse su grado de responsabilidad para compensar al Estado Dominicano por la explotación del oro de los sulfuros o restaurar la intervención medioambiental?
Sin duda alguna
Las declaraciones del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República, ingeniero Carlos Morales Troncoso, en el sentido de que Estados Unidos de Norteamérica incentiva con su alto consumo de sustancias alucinógenas la existencia de un flujo de dinero del narcotráfico hacia las economías de la región son, al par que certeras, reclamantes de la necesidad de que los gobiernos federal y estatales de esa nación de Norteamérica presten atención a su problema de adición, puesto que quien produce algo es porque encuentra quién lo compre.
Este diario sustentó ayer que hemos de evitar este trasiego. Y más que nada, el que figuras públicas puedan ser perneadas por este castigo de estos tiempos. Pero lo que se impone decirle a los representantes diplomáticos norteamericanos que han señalado que la economía dominicana está inficionada de dinero del narcotráfico es lo señalado por el canciller Morales Troncoso: para evitar que estas economías sufran de la penetración del narcodólar, las economías de los grandes países deben erradicar el consumo y con ello desaparecerá la producción.
En ocasión de que resultara intoxicado un alto número de sus trabajadores, casi todos los afectados de nacionalidad peruana, la empresa intentó ocultar la ocurrencia de aquella lamentable situación, interfiriendo el paso a los periodistas que requerían información para los medios de comunicación social que representaban; y cuando la noticia se tornó innegable e inocultable, la Barrick persistió en la búsqueda y presentación de argumentos insostenibles y de escasa credibilidad.
Ahora tuvo que salir al frente el Ministerio de Estado de Trabajo a la situación creada por los despidos de trabajadores sin las compensaciones de ley, en un gesto que debe amainar las protestas populares en la zona de la provincia Sánchez Ramírez en que se encuentran los yacimientos auríferos concedidos en explotación a esa multinacional minera que, por lo que ya se contempla desde el momento de la concesión y desde el instante de su entrada al país, es una compañía que dará mucha agua que beber a la República.
Cabe aquí que se haga la pregunta que sirve como título a esta opinión editorial: ¿y qué clase de empresa es ésa? ¿Ni siquiera porque ha estado bajo el foco de la opinión pública desde un primer instante, es capaz de comportarse como una compañía responsable? ¿A ese mismo nivel debe medirse su grado de responsabilidad para compensar al Estado Dominicano por la explotación del oro de los sulfuros o restaurar la intervención medioambiental?
Sin duda alguna
Las declaraciones del Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República, ingeniero Carlos Morales Troncoso, en el sentido de que Estados Unidos de Norteamérica incentiva con su alto consumo de sustancias alucinógenas la existencia de un flujo de dinero del narcotráfico hacia las economías de la región son, al par que certeras, reclamantes de la necesidad de que los gobiernos federal y estatales de esa nación de Norteamérica presten atención a su problema de adición, puesto que quien produce algo es porque encuentra quién lo compre.
Este diario sustentó ayer que hemos de evitar este trasiego. Y más que nada, el que figuras públicas puedan ser perneadas por este castigo de estos tiempos. Pero lo que se impone decirle a los representantes diplomáticos norteamericanos que han señalado que la economía dominicana está inficionada de dinero del narcotráfico es lo señalado por el canciller Morales Troncoso: para evitar que estas economías sufran de la penetración del narcodólar, las economías de los grandes países deben erradicar el consumo y con ello desaparecerá la producción.
