El Gobierno y la cúpula empresarial llegaron a un acuerdo para
dejar solucionado el problema del pago anticipado del ITBIS sobre las materias primas y maquinarias
y de esa manera facilitar que el Gobierno pueda cumplir con los compromisos acordados con el
FMI.
Previo a esta solución los empresarios reaccionaron con firmeza contra el cobro de dicho impuesto vía Aduanas, sorprendiéndolos luego de un primer acuerdo con el Gobierno en el que los empresarios apoyarían la indexación de los combustibles, a cambio de que no se cobrara el ITBIS por Aduanas de manera anticipada.
En esa ocasión la cúpula empresarial argumentaba que de cobrarse el ITBIS de esa manera, se violaría la Ley y la Constitución, al tiempo de forzar a la quiebra a muchas empresas especialmente medianas y pequeñas. La dureza de la posición empresarial llegó al extremo de que se planteó la posibilidad de elevar la situación a los tribunales solicitando un recurso de amparo.
Sin embargo, en una última reunión con la cúpula empresarial, el Gobierno logró, mediante el diálogo y la concertación, que los empresarios dieran marcha atrás a sus firmes planeamientos públicos y aceptaran los requerimientos oficiales, llegando de manera dócil al acuerdo que todo el mundo conoce. Ni gobernantes ni empresarios pudieron reparar en el hecho de que la forma de llegar a la solución, era violatoria de la Ley y la Constitución.
La solución al pago anticipado del ITBIS ha sido un golpe fáctico del Gobierno al que tubo que obtemperar la cúpula empresarial, dejando demostrado la vocación de ambos sectores de despreciar las vías formales de canalización del conflicto contempladas en el marco jurídico que rige al Estado. La solución fue, en consecuencia, un golpe a la institucionalidad democrática de la Nación.
La miserable institucionalidad
¿Por qué ese diálogo concertador en sus dispositivos no fue sometido de urgencia al Congreso Nacional para aprobar la enmienda que modificara la Ley de competitividad y así completar el proceso institucional en la solución fácticamente acordada?
El caso es triste y confirma el estado miserable en que se encuentra la Nación dominicana desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad del Estado, cuyo marco jurídico parece no valer nada frente al poder fáctico de los poderosos. Vivimos en un “estado de naturaleza” regido por una dinámica caracterizada por la guerra de los intereses particulares y donde la Ley del más fuerte es el medio eficaz para la toma de decisiones.
El Gobierno dio un paso positivo en la solución de un problema financiero creado por el mismo, pero la Nación dio un paso hacia atrás en su desperada, anómica y alocada carrera delincuencial violatoria de la
Ley y la Constitución.
¡Que Dios nos coja “cofesao”!
Previo a esta solución los empresarios reaccionaron con firmeza contra el cobro de dicho impuesto vía Aduanas, sorprendiéndolos luego de un primer acuerdo con el Gobierno en el que los empresarios apoyarían la indexación de los combustibles, a cambio de que no se cobrara el ITBIS por Aduanas de manera anticipada.
En esa ocasión la cúpula empresarial argumentaba que de cobrarse el ITBIS de esa manera, se violaría la Ley y la Constitución, al tiempo de forzar a la quiebra a muchas empresas especialmente medianas y pequeñas. La dureza de la posición empresarial llegó al extremo de que se planteó la posibilidad de elevar la situación a los tribunales solicitando un recurso de amparo.
Sin embargo, en una última reunión con la cúpula empresarial, el Gobierno logró, mediante el diálogo y la concertación, que los empresarios dieran marcha atrás a sus firmes planeamientos públicos y aceptaran los requerimientos oficiales, llegando de manera dócil al acuerdo que todo el mundo conoce. Ni gobernantes ni empresarios pudieron reparar en el hecho de que la forma de llegar a la solución, era violatoria de la Ley y la Constitución.
La solución al pago anticipado del ITBIS ha sido un golpe fáctico del Gobierno al que tubo que obtemperar la cúpula empresarial, dejando demostrado la vocación de ambos sectores de despreciar las vías formales de canalización del conflicto contempladas en el marco jurídico que rige al Estado. La solución fue, en consecuencia, un golpe a la institucionalidad democrática de la Nación.
La miserable institucionalidad
¿Por qué ese diálogo concertador en sus dispositivos no fue sometido de urgencia al Congreso Nacional para aprobar la enmienda que modificara la Ley de competitividad y así completar el proceso institucional en la solución fácticamente acordada?
El caso es triste y confirma el estado miserable en que se encuentra la Nación dominicana desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad del Estado, cuyo marco jurídico parece no valer nada frente al poder fáctico de los poderosos. Vivimos en un “estado de naturaleza” regido por una dinámica caracterizada por la guerra de los intereses particulares y donde la Ley del más fuerte es el medio eficaz para la toma de decisiones.
El Gobierno dio un paso positivo en la solución de un problema financiero creado por el mismo, pero la Nación dio un paso hacia atrás en su desperada, anómica y alocada carrera delincuencial violatoria de la
Ley y la Constitución.
¡Que Dios nos coja “cofesao”!
