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Editorial

Fortalecimiento democrático

ACTUALIZADO 03.09.2018 - 7:19 pm

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El país político transita por una fase política con serias confusiones que hacen incierta la predicción sobre lo que habrá de suceder de cara a las elecciones del 2020. Se tiene una Constitución que prevé lo que debe acontecer y que define un esquema sucesoral del poder consistente en la fórmula “americana” que establece una reelección posible para el que ejerce la presidencia y nunca más. Asimismo se tiene una reciente Ley de Partidos que regula el proceso electoral desde el punto de vista del comportamiento de los partidos para participar en la competencia electoral.
  
Sin embargo, ciertos sectores parecen moverse sobre la base de una modificación de la fórmula “americana” de manera tal que se pueda introducir otra repostulación del Presidente para una segunda reelección, con lo que la fórmula “americana” establecida y acordada en la Constitución nunca se estabilizaría, frente a la tendencia al continuismo que ha sido la tradición y que favorece la reelección de los presidentes y su inclinación favorable al modelo caudillista de la “dominación personal”.
   
Esa situación crea un clima de incertidumbre y ambigüedad que tiende a desestabilizar la institucionalidad democrática basada en los principios democráticos de la separación de los poderes y de la alternabilidad en la presidencia de la República, con lo que se amenaza la posibilidad de que la nación por fin se rija por el régimen de la democracia, transmitiendo el poder mediante la celebración de elecciones libres y transparentes, de manera que surjan gobernantes legítimos y confiables respetuosos de las disposiciones constitucionales y legales, y  que generen confianza y respeto por el orden jurídico nacional.
   
En ese contexto, dado el nivel de desarrollo del país en materia de infraestructura urbana y rural, así como en el orden de su economía y la diversificación social, el país necesita estabilizar la institucionalidad del Estado en la forma de su democracia, de manera que se puedan ir superando la institucionalidad caudillista, el Estado patrimonial y la tradición del continuismo, para que el país se modernice en su democracia y eleve su nivel de racionalidad en la toma de decisiones dirigidas a promover su desarrollo sustentable.
   
En ese orden, al país le conviene que el partido de gobierno supere su crisis interna, según una fórmula racional que le asegure las mejores condiciones para su participación electoral, respetando el marco jurídico institucional que garantice elecciones democráticas. De igual forma, en el plano de la oposición, conviene que la misma se monte en la racionalidad y logre una fórmula para la mayor unidad posible, de manera que también participe respetando las reglas del juego democrático y con las mayores posibilidades de éxito relativo.
  
El mejor resultado electoral, en esas condiciones, sería que las diversas fuerzas partidarias participantes alcancen una más equilibrada representación en el Congreso de la República, de modo que ese organismo recupere su facultad de fiscalizador del Poder Ejecutivo, al tiempo que contribuya con la despolitización de la Justicia y de los demás órganos jurisdiccionales, y por esa vía se combata con efectividad la corrupción y la impunidad.

¡Esa es la vía para la institucionalidad y el desarrollo del país!       



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