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Editorial

La separación de los poderes

ACTUALIZADO 06.09.2018 - 6:31 pm

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La decisión del Tribunal Constitucional contra el fallo del TSE que anulaba una Asamblea del PRD que le asignaba la propiedad de ese partido a su actual Presidente, constituye una razón adicional que justifica el planteamiento que hace buena parte de la ciudadanía respecto a la necesidad de una Justicia y de unas Altas Cortes independientes.
   
La controvertida decisión del órgano constitucional hace recordar el origen de la conformación de las Altas Cortes fruto del acuerdo de “las corbatas azules”, mediante el cual se repartieron el control de esos organismos jurisdiccionales del Estado según los intereses partidarios, volviéndose a tiempos que se suponían superados cuando la Justicia y otros órganos del Estado estuvieron bajo el control personal de los gobiernos autoritarios que encabezara el doctor Balaguer.
   
A partir de ese retroceso se echaron las bases para la división de los partidos de la oposición y para la consolidación del partido de gobierno que se ha constituido en partido hegemónico del sistema, al tiempo que la Justicia y las Altas Cortes quedaron secuestradas y monopolizadas en función de los designios del grupo gobernante.
   
Por eso tienen razón quienes plantean como condición imprescindible la independencia de la Justicia y de las Altas Cortes, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, despolitizando esos organismos para que los mismos se conformen sobre la base de personas serias, capaces e independientes que garanticen decisiones fundamentadas en categorías de derecho y constitucionales que fortalezcan el estado de derecho y la separación de los poderes, principios sobre los cuales podría florecer la institucionalidad democrática.
   
De mantenerse la tendencia al monopolio político de la Justicia y las Altas Cortes, en el país se seguirán ahondando los procesos que apuntan hacia un nuevo estado autoritario, concentrador de todos los poderes del Estado, con lo que se profundiza el deterioro institucional del Estado, tal como se evidencia en el generalizado estado de corrupción e impunidad reinante.   
   
Los movimientos democráticos que expresan el sentir de grandes sectores de la población en pos de la democracia, deben no solo enarbolar propósitos generales como son el fin de la corrupción y la impunidad, sino que deben asumir con sentido práctico objetivos específicos y operacionales como la despolitización de la Justicia y las Altas Cortes, para que esos órganos se conformen con personalidades independientes de los partidos, de modo que se hagan viables los principios democráticos de la separación y equilibrio de los poderes y de la alternabilidad en el Gobierno.  
¡Por esa vía se podrá garantizar el rumbo democrático de la nación!    

Trump y la legitimidad


Se torna cada vez más delicada la situación de la legitimidad del Presidente de los EE.UU. Las críticas a su conducta se hacen cada vez más ácidas.   
   
Una personalidad como la de Trump, formada exclusivamente en las categorías propias de los negocios, además de ególatra, ha venido chocando con la tradición política de su país y con segmentos del poder que gravitan en el Estado. Y en particular viola con su personalismo la estrategia de la globalización que impusiera el Nuevo Orden, del cual EE.UU es actor principal, así como las normas que rigen el comportamiento cotidiano de los funcionarios que integran la burocracia del gobierno de los EE.UU.

¡Que cuide de no perder la legitimidad interna!                                                                                    



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