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El camino al revés

ACTUALIZADO 11.09.2018 - 6:43 pm

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En gran parte de la población ha crecido la idea de que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, requiere de una Justicia y de unas Altas Cortes independientes, hoy día controladas casi absolutamente por el grupo gobernante, al llenar esos espacios institucionales de representantes partidarios que responden a sus intereses, para así consolidar el dominio político establecido y blindarse frente a eventuales ataques judiciales en su contra.
   
Ese proceso de apropiación privada de la Justicia y de los demás órganos del Estado ha ido acompañado paralelamente por la intensiva y masiva apropiación privada de los recursos públicos, que viola todo sentido de la licitud y la moral, con el fin no explícito de alcanzar la categoría de nueva clase gobernante, al tiempo de elevarse  no solo por encima de los demás grupos competidores del poder, sino por encima de las mismas leyes y del marco jurídico constitucional.
   
De esa manera se han echado las bases del absoluto control del Estado y de la apropiación de los recursos públicos, condiciones materiales que les han permitido a la nueva clase operar como un poder hegemónico en capacidad de dividir y/o controlar a los grupos disidentes supuestamente opositores, así como limitar, como ningún otro grupo antecedente lo pudo lograr, la “injerencia” extranjera siempre presente en la estabilización del sistema político dominicano.  
   
Pero a medida que ese proceso de consolidación del poder por la nueva clase se fue desarrollando, también se fue debilitando la institucionalidad democrática y por eso el movimiento de resistencia que se ha manifestado a través de la “Marcha Verde”, ha asumido como suya la idea de que para rescatar la institucionalidad democrática hay que propiciar un pacto que nuevamente conduzca a la despolitización de la Justicia y de las Altas Cortes, que saque de esos organismos a los políticos partidarios, para sustituirlos por ciudadanos capaces, honestos y serios que garanticen la mayor transparencia y la mayor independencia, de manera que se creen las condiciones institucionales que hagan vigentes los principios democráticos de la separación y alternabilidad de los poderes.
   
Pero en vez de caminar en esa dirección la nueva clase gobernante a través de la Procuraduría de la República, insiste en la maximización de su poder aprovechando el concurso de fiscales para fortalecer su control de la Justicia, sacando a las más reconocidas fiscales que exhibieron la mayor probidad e independencia en su ejercicio público, y procediendo a sustituirlas por fiscales más  afectos con los designios de la dominación establecida.
   
Igual expectativa se ha definido frente a la convocatoria que ha hecho el Poder Ejecutivo, para que el CNM inicie el proceso de recomposición del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual deberá culminar en esta fase el proceso de “blindaje” del poder, que sirva tanto para “quedarse” como para “bajarse” con la máxima seguridad de su protección.
   
Se trata de una estrategia en la lógica del poder establecido, pero que hace cada vez más incierto el futuro democrático dominicano. La vuelta al camino de la democracia exige, por el contrario, la despolitización de la Justicia y de las Altas Cortes. Ese es un imperativo para la institucionalidad democrática de la nación.

¡Por un nuevo Pacto por la Democracia!


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