No han pasado dos semanas cuando Digenor y Pro-Consumidor dieron a conocer conjuntamente la increíble noticia de que la mitad de las envasadoras del gas licuado estaba estafando a los consumidores sirviéndole menos gas de lo comprado.
La prensa nacional se hizo eco del escándalo recogiendo el sentir de la ciudadanía que vio en la acción de los organismos oficiales una gestión positiva, al salirle al frente a tan descarada e inaceptable estafa y defendiendo al gran público usuario de ese servicio.
Se habló incluso de llevar a cabo un plan integral para llevar a la legalidad a los delincuentes económicos no sólo del gas, sino de todo tipo de comercio con prácticas engañosas en contra del gran público indefenso.
Por eso vemos sorprendidos la pugnacidad que se ha destapado entre las dos instancias oficiales, la cual se ha manifestado cuando Digenor acusa a Pro-Consumidor de usurparle sus funciones que por ley le corresponde en materia de supervisión de los establecimientos comerciales.
Todavía la acción para corregir el problema denunciado no bien se inicia, cuando la pugna de intereses interinstitucionales estalla, dejando al descubierto la situación conflictiva, en vez de fortalecer la colaboración entre ambas para que de forma conjunta cumplan con eficacia sus responsabilidades.
La pugnacidad puesta al descubierto entre Digenor y Pro-Consumidor pareciera más que por el interés de defender la institucionalidad y al gran público consumidor, motivada por una inercia sospechosa para que todo siga igual en beneficio de las mafias denunciadas y en contra del indefenso consumidor.
Por eso decimos que han sido lamentables y desafortunadas las declaraciones del incumbente de Digenor, reclamando un derecho legal no cumplido e infuncional, hasta que Pro-Consumidor asumiera valientemente la defensa de la población consumidora ante tan vergonzosa estafa.
Que no haya protagonismo ni mediocridad en el manejo de las instituciones públicas para defender lo que la propia ley le asigna como responsabilidad y que no es más que velar por la protección del indefenso consumidor.
¡Qué Cardenal!
Tenía que venir del Cardenal López Rodríguez para que los políticos y funcionarios del gobierno reconozcan y admitan que el “tigueraje y el narcotráfico” trazan los destinos nacionales por encima de las personas serias y honestas, provocando la profunda crisis de valores que se registra en el país.
La admisión debe traducirse en una seria reflexión de los políticos, no vaya ser que el “tigueraje y los narcotraficantes” anden de las manos con ellos sin que se den cuenta. Porque de ser así, tienen razón los que de vez en cuando exclaman “este país se fuñó”.
Así que como lo dijo el cardenal pongámosle asunto a tan certero diagnóstico, antes que lleguemos al fondo del abismo.
