Luego de la acertada definición que hiciera el Cardenal López Rodríguez de que “el tigueraje y los narcotraficantes” predominan por sobre las personas serias y honestas como expresión de la crisis de valores que vive el país, la SCJ, poniendo el oído en el latir del corazón del pueblo que reclama acciones de la justicia para corregir sus desaciertos especialmente a la luz del caso de San Cristóbal, ha tomado una serie de medidas para que los jueces hagan más serias y estrictas la aplicación de las medidas de coerción contra cierto tipo de actos delictivos.
Las nuevas reglamentaciones adoptadas por el alto tribunal están motivadas por las facilidades de que gozan los narcotraficantes y otros delincuentes al obtener decisiones judiciales consideradas como benignas y que han sido motivo de escándalo público.
Subero Isa al dar a conocer las nuevas medidas, expresó que los jueces en sus decisiones deben tomar en cuenta la protección de la sociedad, al tiempo de señalar que los jueces tienen que ser más cuidadosos al aplicar el Código Procesal Penal, antes de variar medidas de coerción a personas acusadas de narcotráfico, homicidios, y crímenes de sicariato.
Muy oportuna y atinada la postura de la SCJ y de su presidente, Dr. Subero Isa, porque se producen en una circunstancia en que la delincuencia criminal, la politiquería y la economía delictiva mantienen en acoso a la sociedad, amenazándola con disolverla.
Le toca al Gobierno y a su funcionariado, especialmente al Ministerio Público y a los organismos de ética y de persecución de la corrupción, tomar también decisiones drásticas que permitan corregir tantas conductas descompuestas que se observan en el propio gobierno y en parte de la ciudadanía descarriada, más propensa a violentar el orden jurídico y las buenas costumbres.
Que todas las cabezas de los poderes públicos se dispongan, con la misma energía que ha asumido la SCJ, a combatir el nefasto “tigueraje y los narcotraficantes.”
Apoyemos a Pro-Consumidor
En esa cruzada por la decencia, el orden público y la seguridad ciudadana, felicitamos a la dirección de Pro-Consumidor, que ante la reacción negativa de Digenor ha respondido reiterando su decisión y voluntad de combatir en todo el país la economía delictiva de los expendedores del gas licuado, que perjudica a la gran población consumidora de ese servicio público.
Se trata de una iniciativa de gran envergadura que requerirá de mucho apoyo político y de grandes destrezas logísticas, para desmontar una práctica que se apuntala en pesados intereses particulares capaces de hacer valer su poder en contra de tan sanos ideales de Pro-Consumidor y del pueblo llano.
¡Apoyemos a Pro-Consumidor para bienestar de todos!
