Uno de los puntos que la Conferencia del Episcopado Dominicano tocó en su carta pastoral fue la del empleo y del subempleo, en el entendido de que la carencia de puestos de trabajo constituye un elemento que hace posible la pobreza, citando este cáncer social, como se ha llamado a veces a esta situación de injusticia, como un reto que se arrastra y que no ha podido superarse.
En el documento de los Obispos se pasa de la enunciación de este punto y de la exhortación hecha tanto al sector público como al sector privado, a la necesidad de prestar atención al campo, recordando que las áreas rurales cobran importancia desde que se hace notoria la escasez de alimentos, razón por la que la Conferencia del Episcopado recuerda que se hace indispensable la transferencia de tecnologías apropiadas, financiamiento, asistencia técnica para adoptar nuevos métodos gerenciales y, en resumen, la modernización del campo.
Aunque es habitual en las cartas suscritas por los Arzobispos y Obispos, pastores de las dos arquidiócesis y las diócesis de la Iglesia Católica, que dirigen tanto a la clerecía para estudio y asimilación personal, como para su difusión ante la feligresía en procura de estimular un pensamiento diferente en la sociedad y lograr un sentido de percepción de los problemas y su solución adecuada.
Si bien el pedido de los Obispos de que para superar, aunque sea en parte, el estado de pobreza, deben crearse empleos es más ideal que sujeto a las condiciones del país, no deja de ser atinente este reclamo de atención a la zona rural, pues nunca hemos debido olvidarlo para abrir unos terrenos en áreas de la tecnología informática para la que no contábamos con el talento humano necesario, sino que siempre debimos mantener vinculada la creación de riqueza a partir de la producción, su eventual conversión industrial y, con el apoyo de esta zona del país, entonces llegar a la modernidad digital.
Aumento de combustibles
Menos mal que, dentro de los aumentos a los precios de los combustibles no se incluyó el gas licuado de petróleo (GLP), que pese a las bajas de los precios mundiales del petróleo, siempre mantuvo un valor estable en el país mientras se reducían los de las gasolinas y gasoil que ahora retornan al alza en lo que se constituye un nuevo reto para el gobierno central que tendrá que buscar argumentos convincentes para que los choferes no procuren compensar sus más elevados egresos con nuevas tarifas para los pasajeros que utilicen sus vehículos.
Lo cierto es que la ley de hidrocarburos ha convertido el diferencial en un impuesto y el gobierno central percibe ingresos tanto por este concepto como por el dominio del capital accionario que tiene en la Refinería Dominicana de Petróleo, al menos en el porcentaje de petróleo reconstituido que procesa en esas instalaciones, que son alrededor de un tercio del consumo nacional.
Ojalá que, a la luz de estas realidades, los nuevos aumentos no se vuelvan un pretexto de los sindicatos choferiles para implantar nuevas y elevadas tarifas que serán onerosas para los pasajeros.
