El Departamento de Estado de los EEUU, en un informe sobre la lucha contra el narcotráfico, destaca que la República Dominicana ha logrado resultados más efectivos en la persecución de las drogas con la nueva dirección de la DNCD.
Asimismo destaca que nuestro país sigue siendo “vulnerable” a los crímenes financieros debido a una débil legislación del lavado de dinero.
Estos dos reconocimientos nos plantean algunos cuestionamientos que debemos formularnos como ciudadanos de un “Estado soberano” e independiente, al menos en teoría.
El primer reconocimiento supone que los EEUU son los que por derecho “propio” asumen la responsabilidad de vigilar lo que están haciendo los países del área en materia de control del tráfico de drogas.
Al mismo tiempo, supone que estos países están obligados a combatir el trasiego de una droga destinada a ser consumida por los ciudadanos de aquel país. Una pregunta sería: ¿y por qué no ponen el énfasis en impedir su entrada al gran país del norte, para lo cual podríamos ayudarles allá en un gesto de solidaridad internacional? ¿Y por qué no se pone el énfasis del lado de los consumidores controlando el uso de las drogas en el gran país del norte?
El entendimiento de estas contradicciones surge inmediatamente en el texto del segundo reconocimiento, según el cual el país sigue siendo débil en el control del lavado. Aquí los cuestionamientos anteriores resultan de comprensión elemental. Si no se ataca el consumo y la entrada de la droga en los EEUU y nosotros debemos atacar aquí el lavado con más fuerza, entonces es evidente que el interés está en cuidar que del gigantesco negocio de las drogas escape el menor flujo de dólares posible. Y ¿quién controla el flujo monetario del gran mercado de las drogas? ¿Cuáles son los carteles financieros del negocio de las drogas?
Estos últimos cuestionamientos también deberían aparecer en los informes de monitoreo del combate a las drogas del Departamento de Estado, para que seamos más transparentes, menos maquiavélicos y más respetuosos de nuestra soberana inteligencia.
La JCE y los violadores de la Ley
El Juez de la JCE, José Ángel Aquino, ha revelado que los partidos presionan al organismo para que se violen las leyes de municipios y de registro civil para que no se impida inscribir algunos de sus candidatos congresionales y municipales, si se aplican dichas leyes.
Se trata de una solicitud insólita que pone en evidencia la vocación de muchos dominicanos, incluyendo el liderazgo político, a violentar el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico de la nación.
También se confirma la pobreza de la cultura institucional de nuestros políticos y partidos, razón del atraso dominicano.
¡Que lástima!
