Uno de los aspectos del atraso dominicano está dado por la debilidad institucional que caracteriza el funcionamiento del Estado.
El propio informe del PNUD sobre el desarrollo humano atribuye a la debilidad institucional, el hecho de que en el país, en los últimos 40 años, se haya registrado un considerable crecimiento económico que no se tradujo en desarrollo humano.
La escasa institucionalidad también se vincula con la progresiva corrupción, la ineficiencia del Estado y la perversión de la autoridad que estimula el caos y la desobediencia ciudadana frente al marco jurídico de la nación.
Por esas razones se ha visto positivamente la iniciativa del Gobierno en materia de la implementación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, que persigue dotar al Estado dominicano de una metodología y de una herramienta organizativa para fortalecer la institucionalidad y dotar a la nación de una administración técnica-científica que sirva de base para la modernización administrativa del Estado.
Causa pesar la queja del Ministro de la Administración Pública, Ventura Camejo, quien denunció que en las entidades oficiales existen “caciques” que impiden que se aplique la ley de la Función Pública que transparenta la contratación y asignación de sueldos del personal, al tiempo de pedirle al Presidente su apoyo y respaldo para hacer que los “caciques” obtemperen a lo establecido por la ley.
El Presidente se ha postulado como un abanderado de la modernización, la ley de la Función Pública es una de esas iniciativas institucionales que le ofrece la oportunidad al ciudadano Presidente de manifestar su firme decisión de transformar y modernizar el Estado y Nación Dominicanos para que quede algo de valor de su larga gestión.
¡Asuma, pues, ciudadano Presidente esa importantísima misión y haga su tarea!
Buena iniciativa
Siguiendo con la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, los senadores Domínguez Brito y Mariotti, sometieron un proyecto de ley que sanciona a los funcionarios que no cumplen con la declaración jurada de bienes y elimina el secreto bancario para ellos.
Es otra iniciativa importante dirigida a que los funcionarios no sigan actuando como “caciques”, creyéndose dueños de la posición que ocupan y del patrimonio bajo su responsabilidad.
El Gobierno y también el partido oficial, tienen que emplearse a fondo para que los dirigentes del partido en posiciones públicas, exhiban un comportamiento ético apegado a la ley y dejen de operar como empecinados representantes de la era de “concho primo.”
También merece una felicitación la decisión del Jefe de la PN, por haber ordenado a sus altos oficiales hacer y presentar la declaración jurada de bienes.
¡Civilicemos a los funcionarios!
