El Ministro de Estado para la Administración Pública, Lic. Ramón Ventura Camejo, pone el dedo sobre una vieja llaga del Estado Dominicano como lo es la existencia de oficinas que se repiten en cuanto a los objetivos y hasta respecto del nombre, para cuya corrección pide tramitar la aprobación de una ley orgánica que regule y por consiguiente, limite estas formas de dispendio de los ingresos del tesoro nacional.
Es lamentable reconocer que este problema es propio de la democracia y que el propósito de la creación de oficinas con funciones repetidas no tiene como finalidad sino la de abrir espacio a puestos de trabajo, por aquello de que es más fácil dilapidar el aporte de los contribuyentes en la nómina pública que disponerse a trazar políticas de Estado que hagan posible la inversión que genere empleos indirectos propulsando a su vez la riqueza de la nación.
Aunque este diario respalda el planteamiento del Ministro también recuerda que para corregir la situación existente basta con disponer el cierre de ciertos departamentos que existen en virtud de acciones administrativas y abordar el cierre por ley de aquellas otras oficinas que fueron creadas por una ley, lo que supondría ahorros importantes en el gasto público que podrían dedicarse a la inversión reproductiva, como aquella, para citar un caso que acaba de ser solicitado, la que piden distinguidos munícipes santiaguenses que se han dispuesto a reclamar que el Cibao y de manera particular la Provincia de Santiago, reciban asignaciones del presupuesto nacional conforme el aporte de impuestos y trabajo hecho por la región.
Aunque no la hayan recibido
La Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) reaccionó, ha dicho que con sorpresa, ante el reclamo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), que pidió resarcir a los usuarios del servicio telefónico móvil que tuvieron problemas de comunicación durante algunos días del mes pasado y en el primer día del presente mes, planteando la empresa telefónica que en ningún instante fueron notificados por el organismo público de regulación y supervisión de esos servicios, respecto de la necesidad de compensar a los usuarios afectados.
La verdad es que no ha debido esperar CODETEL a recibir notificación alguna, sino que sus ejecutivos han debido actuar acreditando un valor apropiado a la falta de prestación de servicios al público, para de esta manera demostrar que no solamente se encuentra presta a cobrar sino a darle a los usuarios una compensación por el tiempo que duran sin que sus aparatos les sirvan para comunicarse.
Una simple pregunta
¿Por qué, en vez de protestar porque el gobierno de Estados Unidos critica al gobierno dominicano por la permisividad en asuntos de corrupción, no se toman medidas sabias, serias y de valor permanente, para evitar la comisión de actos que lesionan la moral pública y el buen nombre del país?
