El Gobierno ha preparado una jugada que le permitirá hacer uso de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos que, por el orden de 100 mil millones de pesos, se han acumulado a través de la seguridad social.
Los fondos se utilizarían para financiar la construcción de viviendas supuestamente en beneficio de los propios trabajadores y para ello se canalizarían a través del antiguo Banco Nacional de la Vivienda.
Previamente el Gobierno transformó el BNV en un banco de fomento y luego hizo designar en la Superintendencia de la Seguridad Social a un político funcionario que precisamente se desempeñaba en la dirección del antiguo BNV.
La medida ha causado preocupación en el sector empresarial y laboral, quienes ven sospechosa la jugada gubernamental y temen que los recursos de los fondos de pensiones sean dilapidados en un “festín” con motivaciones políticas, tal como lo han planteado los industriales de Herrera.
El uso de fondos de los trabajadores tiene un referente negativo en el destino que corrió el antiguo Banco de los Trabajadores, cuyos fondos cayeron en las garras de la politiquería y la corrupción. Ese antecedente alimenta cualquier sospecha sobre el mal uso que se le pueda dar al fondo de pensiones ahora en manos de un Gobierno que ha sido sentenciado por el Departamento de Estado de los EEUU como caracterizado por la corrupción endémica.
Somos del criterio que los ahorros que por ley pertenecen a los trabajadores y que están en la banca nacional, pueden ser utilizados para inversiones seguras y rentables que, además, contribuyan al desarrollo nacional.
Pero para ello se debe disponer de una institucionalidad no politizada que garantice esos propósitos. Un mecanismo politizado como el diseñado por el Gobierno es la garantía más segura para el fracaso y para que nueva vez los dineros de los trabajadores se malversen por la corrupción endémica.
Los congresistas dominicanos tienen la oportunidad de evitar esa inexorable calamidad financiera y moral en perjuicio de los trabajadores dominicanos.
Que se debata profundamente el tema y que surja otra fórmula institucional-administrativa, que garantice el blindaje de los fondos de pensiones de la voracidad politiquera, antes de que acentuemos la grave tendencia que marca el empobrecimiento institucional y moral que ha caracterizado a los gobiernos electorales encabezados por la pobre clase media y popular que asaltó la cosa pública desde el 1996.
Otro reproche institucional
Otro ejemplo de pobreza institucional y moral de la pobre clase media y popular en el poder, se dio cuando pasaron a retiro al general que investigó la ejecución de los imputados del secuestro de Baldera, y se ascendió a general al coronel responsable de dicha ejecución.
