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Dictan prisión contra hombre acusado de incurrir en delitos electorales en Santiago


  • Ney Santana | 29-07-2020

El Ministerio Público logró una sanción consistente en seis meses de prisión suspendida condicionalmente en su totalidad y el pago de una multa de un salario mínimo del sector público, por un monto de 10 mil pesos, en contra de un hombre acusado de incurrir en delitos electorales en un recinto electoral del sector Hato Mayor, de esta ciudad de Santiago, el pasado 15 de marzo, durante las elecciones extraordinarias municipales.

A través de un comunicado de prensa se informó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) condenó a Yeyson Arias Fernández, de 33 años de edad, quien admitió haber incurrido en los delitos de realizar actividades proselitistas frente a un centro electoral y dedicarse a la compra de votos el día de las elecciones.

La sanción fue impuesta luego que el TSE homologara un acuerdo pleno llevado a cabo mediante el procedimiento penal abreviado entre la Fiscalía de Santiago, representada por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, y el encartado, en virtud de lo establecido en los artículos 363, 364 y 365 del Código Procesal Penal Dominicano y las sanciones establecidas en el artículo 282, numerables 6 y 7 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.

El acuerdo establece que Arias Fernández durante los seis meses de la prisión suspendida deberá residir en el último domicilio aportado a las autoridades y, en caso de cambio del lugar de residencia, deberá notificarlo al juez de Ejecución de la Pena para que éste tenga conocimiento de su ubicación, conllevando la violación del acuerdo a que deba cumplir la prisión en un recinto penitenciario.

Asimismo, deberá abstenerse de visitar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y donde se practiquen juegos de azar, así como de viajar al extranjero, ingerir en exceso bebidas alcohólicas, visitar puntos de expendio de drogas y de consumir sustancias controladas, y portar o poseer armas blancas o de fuego.

El TSE, previo a su decisión, validó diferentes pruebas que fueron aportadas por el órgano acusador por ser incorporadas al proceso de conformidad a la norma procesal vigente, así como por tener pertinencia y utilidad para acreditar la teoría probatoria del Ministerio Público. 


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