SANTIAGO.-Para el jurista y experto en materia laboral,
Julián Serulle, el Estado dominicano debe intervenir de manera directa, permanente y constante el
manejo de los más de RD$500 mil millones que han ido acumulando las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), como consecuencia del dinero que les aporta la clase trabajadora del
país.
Serulle entiende que las autoridades deben velar si ese monto
millonario tiene un norte de inversión y soporte a las empresas nacionales con garantías
correspondientes y buscando la seguridad de un porcentaje en los intereses que pueda redundar en la
multiplicación con escala geométrica para ir nutriendo esa cuenta del trabajador para su futuro plan
de pensiones.
“Si no se toma en cuenta esa realidad, mañana podríamos ver
escapar y esfumar todo ese dinero, sudor y ahorro de trabajadores con la cooperación solidaria por
parte de los empleadores, para quienes ese 7% que aportan del salario puede constituir en un
anti-coste de producción”, dijo en declaraciones ofrecidas.
Por esa razón,
cree que se requiere intervención de directa, permanente y constante del Estado dominicano, a
través del Gobierno central y este a través de las planificaciones
correspondientes.
Julián Serulle ve conveniente que se modifique la Ley
87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo proyecto fue sometido en marzo
pasado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
“Esta ley es
altamente privatizadora, por tanto los beneficios caen en las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) y a su vez no existen garantías de que los intereses que generen la inversión puedan ir
provocando la acumulación del dinero necesario para cuando una persona pase a ocupar la posición de
pensionado y se corre el riesgo de cuando se vivió en la década de los 80, de las quiebras masivas y
escalonadas de AFP desde Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, ante el derrumbe de los Tigres
Asiáticos y las inversiones en particular en el mundo energético”,
afirmó.
Sostuvo que el dinero tiende a la devaluación en países
latinoamericanos, sin dejar de lado la inflación en los precios de los productos de primera
necesidad, lo que puede provocar, según el experto, que en un momento dado el dinero que
reciba el trabajador no represente un real y auténtico poder adquisitivo para él y su
familia.
El abogado se mostró de acuerdo con algunos expertos en la materia
que consideran que el sistema de pensiones de la República Dominicana no garantiza un reparto justo,
por lo que entienden necesario abocarse a una discusión seria técnica y financiera, para
analizar las propuestas de los sectores vinculados a fin de buscar una solución de
consenso.
En ese sentido, vio atinada la opinión del experto en seguridad
social, Arismendi Díaz Santana, que le merece respeto, quien cuestionó que se pretenda tomar
los recursos de los trabajadores para financiar la TSS y la DIDA.
Díaz
favorece el fortalecimiento de estos organismos, pero buscando otros métodos “sin que se toque el
dinero de los trabajadores”.
Julian Serulle manifestó que muchos
trabajadores cotizantes no permanecen activos bajo los efectos de un contrato de trabajo de forma
sucesiva, permanente e ininterrumpida en el tiempo.
Significa esto, de
acuerdo a Serulle, que pasan meses y años para que un trabajador vuelva a cotizar comprendiendo las
dificultades para el empleo en mercado nacional.
“Al final, el balance que pueda registrar
está por debajo de lo que puede significar un auténtico y real dinero o monto como contrapartida de
pensión para poder sustituirte. Son lagunas que tienen y se deben corregir en la modificación de la
ley”, apuntó el exdirector del Seguro Social.
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