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Citan 2020 peor año para consumidores y usuarios de RD


  • Redacción | 18-01-2021

El 2020 ha sido ha sido uno de los años de mayor vulnerabilidad para los consumidores y usuarios de servicios en República Dominicana, no sólo por la pandemia sino por la carencia de políticas públicas implementadas por el las autoridades del país caribeño.

A tal criterio ha llegado la Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (Adeproco), entidad que preside el periodista y activista social Salvador Polanco, quien planteó las escasas políticas públicas de protección y de educación al consumidor que implementó el Estado Dominicano fueron inexistentes.

Al  pasar revista a los resultados de las acciones en ese ramo en 2020, la Adeproco denunció que la ineficacia de Pro Consumidor como ente llamado a educar y proteger los derechos de los consumidores y usuarios se extiende a cinco años atrás, con la llegada de la doctora Anina del Castillo a Pro Consumidor, quien desempeñó el rol de quinta columna de un sector inconsciente del empresariado.

La Adeproco aprovechó la ocasión del inicio del año 2020 para llamar la atención del Presidente Luis Abinader, en el sentido de que la renunciante directora de Pro Consumidor sigue dirigiendo a esa institución a través de la señora Johanna Calderón Concepción, una persona inexperta en conocimientos del derecho y mucho menos en derecho de consumo y quien por mandato de su ex jefa ha dispuesto ascensos, aumentos de salarios, ha reducido a menos de un 2’% los servicios y ha incrementado el terror que ya antes existía contra los empleados de esa institución.

“Si en los últimos cinco años Pro Consumidor no ha servido para nada al país ni a los consumidores, con un 2020 en pandemia, en 2021 la cosa marcha peor porque esa institución está acéfala y quien la dirige de manera ilegal no tiene cabeza propia y está siendo narigoneada por una persona que tiene interés en dejar como director de Pro Consumidor a alguien que responde a criterios de particulares y que no reúne las condiciones del artículo 30 de la Ley 358-05 de protección al consumidor, en el sentido de que para ser director de esa institución debe ser egresado de una universidad”, manifestó.


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