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Trasladan imputados por corrupción a las cárceles de Najayo y SPM

Foto: Fuente Externa


  • Agencia EFE | 09-12-2020

Los acusados de corrupción administrativa que cumplirán prisión preventiva por su vinculación con la denominada operación Antipulpo fueron trasladados en la tarde de este miércoles a los respectivos centros penitenciarios donde permanecerán recluidos.

El Juez Alejandro Vargas dispuso esta medida contra siete de los once imputados en este caso, cuyo traslado se produce desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo la fuerte custodia policial que conforma una caravana que los conduce a los dos penales en los que guardarán prisión.

El supuesto cabecilla del entramado corrupto, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, cumplirá la medida de tres meses de reclusión cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, según dispuso el magistrado Vargas.

En esa misma prisión estarán recluidos el exdirector general y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y director de Fiscalización de esa entidad, Francisco Pagán y Aquiles Christopher Sánchez, respectivamente, así como el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa.

En cuanto a los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda cumplirán tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

Cumplirán arresto domiciliario excontralor de la República Rafael Germosén y el exministro de Salud Freddy Hidalgo, así como Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, mientras que el juez ordenó la puesta en libertad de Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien la fiscalía acusa de ser testaferro de Alexis Medina.

Según las investigaciones, Alexis Medina, montó una red de empresas, a través de testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado.

La fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos, por medio de tráfico de influencias, con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.EFE


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