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Luciano Filpo

Luciano Filpo


AFP y Fondos de Pensiones


  • 26.02.2021 - 12:00 am

Desde la antigüedad clásica, greco-romana existía una preocupación entre los gobernantes por garantizar pan y circo a la población. La alimentación es una necesidad vital, los gobiernos deben procurar condiciones mínimas para que la población se provea de los rubros indispensables para la reproducción de la existencia. También, como mecanismo de control social se ventila el entretenimiento y la diversión. Un pueblo con hambre y sin diversión es un barril de pólvora, una bomba de tiempo.

En la época moderna, en el marco de los sistemas democráticos se han promovido valores como la tolerancia, equidad, respeto y justicia social. El llamado Estado de Bienestar recurrió a la creación de sistemas tributarios progresivos, donde se busca gravar la riqueza para aplicar o implementar políticas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la gente a través de los servicios de salud, educación, agua potable, vivienda, electricidad, remuneración entre otros.

Desde los años 70, empezó una visión económica de cuestionar la función pública, de colocar los intereses del mercado por encima del bien común, del papel regulador del Estado. Los Chicago Boys, encabezados por Milton Friedman lanzaban su embestida neoliberal y globalizante. Desde esta lógica los actores productivos deben ser eficaces y eficientes, el Estado no garantiza eso, solo el mercado y sus reglas pueden promover la calidad y el margen de la ganancia.

El Estado se convierte en un obstáculo, escollo para el libre cambio y la libre competencia. Ronald Reagan y Margaret Tatcher pusieron en marcha las recetas neoliberales en los años ochenta. Esa misma década fue devastadora para América Latina y el Caribe. Organismos internacionales como el BID, el BM y la CEPAL denominaron este periodo como década perdida, en el sector productivo vio incrementar su deuda externa y languidecer los servicios sociales.

Durante dicho periodo hubo diversos estallidos sociales en la región debido a las políticas de austeridad impuesta por el FMI. La salud y la educación se convierten en los nuevos nichos de ganancia para el capital. Se enfrenta el papel regulador del Estado, se inician las políticas de privatización de las empresas públicas. Se convierte la salud y la educación en una mercancía para quien pueda pagar su valor. Los principios de la justicia social y el denominado Estado de Bienestar estaban condenados al acoso, a la desaparición o a su transformación en entidades pequeñas y que no obstaculicen el libre flujo de las fuerzas del mercado.

Con la ley 87-01 se crea el sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), dicho sistema contemplo tres regímenes para la cobertura de la salud (Subsidiado, contributivo y contributivo subsidiado) aparecen las ARS, aseguradoras de riesgos de salud, las cuales se sitúan por encima de los facultativos y en parte deciden los procedimientos médicos, casi siempre en prejuicio del afiliado y a favor de la corporación financiera que regula dicho servicio ahorrado por el empleado y el empleador.

Por otro lado, también dicha ley 87, 01 crea las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cuya función es administrar e invertir las aportaciones del empleado y el empleador para la prestación en el momento de su jubilación. Las aseguradoras de fondos de pensiones son corporaciones bancarias que se han abrogado los derechos de los trabajadores e invierten a su discreción la inmensa friolera de dinero generado por los pagos o cotizaciones de empleados y empleadores. Son entidades carroñeras o buitres, obtienen el 30% de las ganancias que generan las inversiones, mientras a los trabajadores les regatean sus derechos contemplados en la ley. El congreso pasado también hizo una modificación que permite a esas entidades de rapiña, ganar del capital acumulado.

Después de los sesenta años o haber acumulado más de 360 cuotas el trabajador no tendrá fuerza para devengar una pensión miserable, mientras ellos se sirven el pastel generado por dicho dinero, la ley 87-01 establece varias pensiones: por cesantía, por vejez, por discapacidad. Cada una es una miseria, en nada va a paliar la existencia azarosa del pensionado. En el marco de la pandemia, algunos países han optado por devolver parte de los fondos acumulados a los trabajadores, para mitigar los efectos del covid-19.

En República Dominicana ha habido una oposición radical a la devolución de algunos fondos. Empresarios y políticos están de acuerdo, son parte de los beneficiarios. Los trabajadores dominicanos deben luchar para reducir los márgenes de ganancia de las AFP y por reducir el número de trabas que existen hasta para devolver los fondos de un fallecido.

Los obstáculos son tantos que muchas familias abandonan sus beneficios y las carroñeras y rapiñas AFP se apropian de los mismos. La debilidad del movimiento obrero fragmentado y atomizado facilita estos privilegios de los empresarios con los fondos. Hay que apostar a la promoción de un régimen de justicia social donde las ganancias generadas por los fondos de pensiones sean distribuidas de forma equitativa.

El autor es Dr. en Educación.


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