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Redacción

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Consenso y nueva Junta


  • 06.11.2020 - 12:00 am

El Pleno del Senado finalmente este miércoles pasado eligió la nueva Junta Central Electoral (JCE), conformada por sus cinco titulares incluyendo su Presidente, el señor Román Jáquez, y sus cinco suplentes.

La composición resultante luce que respondió a la expectativa de un órgano electoral integrado por personalidades probas y probadas, de reconocida trayectoria caracterizada por la capacidad, la firmeza de carácter y la independencia respecto a partidos, condiciones que han de promover decisiones fundamentadas en el derecho y la Constitución.

Se impuso, pues, el consenso mayoritario y democrático entre las principales fuerzas políticas representadas en el Senado, sin la anuencia de la representación minoritaria del PLD, organización partidaria que manifestó su oposición a la designación del Presidente del órgano electoral. La exclusión del otrora partido ma­yoritario, confirma la situación políticamente precaria por la que atraviesa esa organización, luego de haber controlado todas las fuentes del poder y saber ahora que, por su derrota electoral, de su antiguo poder “no quedó nada”. 

En todo caso la nueva Junta nace de ese gran consenso que le da una elevada legitimidad, pero que  a partir de esa base deberá recrear esa legitimidad, ganándose la “confianza” ciudadana que se perdiera con la anterior Junta, la cual fue estigmatizada por los problemas que enfrentó y por el dictamen en su contra hecho por la Organización de Estados Americanos (OEA), al señalar la mala gestión ejecutada en la organización y conducción de las pasadas elecciones.

Esperemos que la nueva Junta pueda recuperar esa confianza de la ciudadanía y pueda convertirse en garante de una organización y un arbitraje electoral que contribuyan al fortalecimiento institucional de la democracia dominicana.

¡“Qué no se diga más”… y que se trabaje con capacidad y carácter!

Qué la Justicia opere

La Dirección de Ética del Gobierno que encabeza doña Milagros Ortiz Bosch, llevó a la Procuraduría los expedientes sobre la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y la venta de empleos en el Mi­nisterio de Salud Pública.

Se trata de un paso correcto en la tarea de perseguir las irre­gularidades en la Administración Pública  y para la eliminación de la impunidad, compromisos de campaña que prometiera el Gobierno que encabeza Luis Abinader.

Le toca ahora a la Procuraduría General de la República realizar las debidas investigaciones para fortalecer los elementos de pruebas en cada caso, para que luego se proceda hacer los sometimientos de lugar a la Justicia, la cual deberá juzgar la culpabilidad o no de los implicados en los hechos señalados.

El fortalecimiento de la institucionalidad debe pasar por la operatividad de los órganos del Estado, responsables de hacer respetar la Ley y la buena ética en la conducta de los funciona­rios.

¡Enhorabuena!


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