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Redacción

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Crisis de los poderes


  • 13.10.2020 - 04:50 pm

La situación que vive la Cámara de Cuentas de confrontación con el Poder Ejecutivo, después que el Presidente Abinader la acusara de complicidad con el pasado gobierno, propiciando la impunidad y la corrupción, al tiempo de sugerirle que los miembros de dicha Cámara deberían renunciar, plantea la crisis que se está dando entre el Gobierno y otros poderes del Estado.

Esa crisis tiene su origen en la teoría política sobre el Estado que manejara el pasado gobierno y para la cual el aparato estatal en el régimen capitalista, responde simultáneamente a los intereses de la clase gobernante y a su instrumento partidario, a través de las políticas públicas.  

Bajo ese propósito clasista, el partido gobernante pasó a apro­piarse de todos los órganos del Estado, al tiempo de apropiarse de los recursos públicos para convertirse en la nueva clase gobernante que impone su dominación hegemónica, monopólica y autoritaria, sobre el resto de la sociedad y la comunidad política.  

Aunque las elecciones pasadas dieron como resultado el desplazamiento del partido gobernante  tanto del Poder Ejecutivo, así como del Congreso, son varios los órganos del Estado que todavía están bajo su influencia y control. La Cámara de Cuentas es uno de esos altos poderes atrapados por la clase política y el partido desplazados. Esa situación conflictiva se manifiesta como una crisis institucional, la cual deberá  superarse cuando las nuevas fuerzas políticas gobernantes recompongan la conformación de los órganos extra poderes.  

Esa recomposición ahora bajo la teoría democrática del Estado, que establece la vigencia de los principios de la separación de los poderes y la alternancia en el poder, exige que esos órganos del Estado se llenen con funcionarios que garanticen su independencia respecto al partido gobernante, de manera que se dé un juego equilibrado, democrático y transparente entre las diversas fuerzas partidarias que luchan por el poder.

Esa concepción democrática de la política tiene que  garantizar un juego político competitivo que elimina la tendencia al monopolio y a la hegemonía de un partido sobre los demás. Asimismo la dinámica de creación y expansión de las clases gobernantes y do­minantes, no debe basarse en la acción del Estado, sino en la dinámica de apropiación que se da al interior de la Empresa en el marco del “libre mercado”. Es al interior del Mercado y de la Empresa que se ha de gestar el fenómeno de las clases y su dominio político.

Bajo esa concepción el nuevo Gobierno debe poner énfasis en la aplicación de políticas públicas de desarrollo, dirigidas a la dinamización del “libre mercado” fuertemente regulado para estimular el surgimiento de una nueva clase gobernante que nazca del Mercado y no del Estado y comprometida con la visión democrática que evite la tendencia al monopolio y a la concentración de los poderes, al tiempo de fomentar una mentalidad desarrollista pro bienestar.

La defensa del principio de la independencia respecto a los  partidos para conformar los órganos extra poderes, como son la Cámara de Cuentas, la JCE, el TSE y la SCJ, es una condición material imprescindible para comenzar a edificar una verdadera institucionalidad democrática sustentada en una nueva clase gobernante de nivel medio de vocación también democrática.

¡Dejemos, pues, el pasado autoritario que nos atrasa!


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