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Redacción

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“El gran cambio”


  • 22.12.2020 - 12:00 am

Superar la cultura y el sistema social de la corrupción supone iniciar un largo proceso de transformación del Estado que traiga consigo la puesta en marcha de nuevos métodos de trabajo y de organización fundamentados en la racionalidad, la legalidad y la formalidad, condiciones que encierran una nueva mística del trabajo público, para lo cual los funcionarios deben entrenarse y demostrar tener la expertiz requerida. 

Los dominicanos hemos sido entrenados por largo tiempo en la informalidad y la falta de respeto a lo formal y solemne, fruto del predominio de las relaciones primarias, personales e informales en las que se forma su persona­lidad y que inducen a irrespetar la majestad de la Ley y del Estado como expresiones formales. Mucho contribuye a ello el predominio del concepto de Estado patrimonial y la jefatura caudi­llista, patrones que hacen ver a los bienes públicos como un pastel a repartir dentro de la informalidad emotiva.

De esas tendencias y tentaciones debe cuidarse el Gobierno de Luis Abinader y por el contrario debe mantenerse aferrado a su compromiso de contribuir a dejar establecido un Estado institucionalmente organizado, con la formalidad que encierran las relaciones legales y contractuales, y donde imperen la eficiencia y el uso moral de los recursos públicos, de modo que aseguren un efectivo impulso al desarrollo económico de la nación, así como a una institucionalidad que e­rradique de la dominicanidad el reino de la corrupción y la impunidad.

Para ese resultado es necesario transformar la actual forma de operar del Estado, para lo cual se ha de ir transformando el modo de actuar del hombre dominicano, sobre todo el que aspira hacer vida política, de manera tal que se haga capaz de manejar con destreza el complicado plano de la formalidad y los proce­dimientos de la ley, al tiempo de desarrollar una actitud apropiada al civilizado mundo del Estado moderno. Ese sería el gran cambio derivado de asumir como compromiso institucionalizar el estado dominicano y moralizar a una población entrenada en la repartición de lo “mío”.

Los escándalos asociados a algunos funcionarios en este gobierno, amplificado por el mercantilismo que opera detrás de los medios de opinión pública, revelan inconductas que nacen de funcionarios formados en, y para, la informalidad, en contraste con la formalidad y solemnidad que demanda el marco legal del Estado moderno. 

En caso de los errores cometidos en la canalización de la ayuda del Estado a la clase musical y artística, es un claro  ejemplo de un comportamiento de la informalidad entrenada y afectiva, propia de una persona no formada ni entrenada en los procedimientos y métodos del trabajo formal e impersonal de la Ley.

El gobierno debe cuidarse de esa propensión porque su gestión puede “cundirse” de esa conducta que es la más común en una dominicanidad que se mantiene apegada a las relaciones humanas informales y afectivas, de donde surge una “cariñosidad utilitaria”.

Esa propensión puede ser mi­nimizada con el trabajo en equipo a nivel de los gabinetes, de modo que de esa forma de trabajo surja la razón y decisiones consensuadas, formales y más ajustadas al marco legal. 

¡Qué se reduzca el espacio a la informalidad! 


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