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Reynaldo Peguero

Reynaldo Peguero


Gestión legislativa 2020-2024: pandemia, economía y democracia


  • 05.08.2020 - 12:00 am

Esta gestión legislativa del 2020-2024 está pautada por combinación especial de tres factores: i) pandemia, ii) reactivación económica y iii) democracia. Los electores votaron para consolidar la democracia y frenar los cambios constitucionales de remiendos. Para conocer necesidades legislativas y valorar métodos de trabajo de senadores y diputados, se puede descargar el nuevo Plan Estratégico 2030 en la dirección electrónica www.cdes.do. Al buen ejercicio del legislador están dedicados dos capítulos de esta Agenda.

República Dominicana tiene un Congreso Nacional de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, de los cuales casi el 9% corresponde a Santiago. En la historia la primera sesión del Congreso fue celebrada el 8 de marzo de 1845, por lo que este órgano debería tener realizadas al menos 9,100 sesiones desde su creación. De este total no alcanza, ni la mitad de trabajo, a sabiendas que en muchas ocasiones, este poder del Estado ha sido una prolongación del Poder Ejecutivo.

Las funciones establecidas para el congresista dominicano en la Constitución y los reglamentos, se resumen: i) representar; ii) legislar y iii) fiscalizar. Por ningún lado como función aparece el asistencialismo, ayudas y servicios. Si la creación de clientes políticos se privilegia en la gestión congresual, entonces se precipita lo que Oxfam caracteriza como la “captura política del Estado dominicano por las élites partidarias”. 

Entendemos que la gobernabilidad entre el senador, los 18 diputados y las fuerzas vivas de Santiago expresa una interacción para ejecutar acuerdos que contribuyan al bien común. Para que esta relación sea efectiva, es preciso manejar herramientas técnicas que se adecúen, ajusten y concuerden con las necesidades. Se reconoce que es impostergable que existan reglas de juego claras y que haya separación de funciones donde el Poder Legislativo deje de ser el “niño de mandao” del Poder Ejecutivo. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce la importancia de la gobernabilidad en el desarrollo humano. La gobernabilidad es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pues oferta el “ambiente propicio” para que ellos se cumplan y, en particular, para eliminar la pobreza. El ODS 16 llama a “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” y la Agenda Santiago 2030 subraya un Santiago de articulación pública, privada y comunitaria.

El Informe  del Banco Mundial 2017 presentó el avance universal en las democracias electorales. Subrayó que las elecciones se han convertido en el instrumento por excelencia para fortalecer la rendición de cuentas y la capacidad de las autoridades de responder a las demandas sociales. Se reporta un creciente número de democracias electorales y una disminución en la integridad de las elecciones, con una baja en la cantidad de elecciones transparentes, libres y justas. En 18 países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, antes de estas elecciones 2020, había una percepción de retroceso democrático. Sólo 20% de los latinoamericanos entiende que su país progresa en democracia.

La Comisión de Gobernabilidad Santiago 2030 reconoce la necesidad de entender las particularidades del entorno local para diseñar estrategias que respondan a carencias e intereses específicos, por lo que evaluó la situación de la gobernabilidad de Santiago en seis dimensiones: i) Voz y rendición de cuentas; ii) Estabilidad política y social; iii) Eficacia del gobierno; iv) Calidad del marco regulatorio; v)  Involucramiento de actores y vi) Estado de derecho. 

La relación entre elector y elegido es uno de los puntos críticos analizados. Más del 70% de los santiagueros no conoce a los diputados y más del 81% tiene desconfianza en los partidos. Lo anterior determina la reducción de personas que ejercen el voto. En las cuatro elecciones pasadas, Santiago tiene cada vez menos electores que votan; este fenómeno se explica en la carencia de partidos organizados y educados, lo que genera una percepción que la política es la “mejor vía para hacer negocios y enriquecerse. Es decir, los partidos abandonaron la formación de sus militantes, para privilegiar una visión clientelista del Estado. 

A lo anterior se suma la nula exigencia de la ley electoral 275-97 y la ley de partidos 33-18, para que los candidatos a diputados y senadores presenten sus programas y los debatan en público. Por eso el índice de desconfianza en ellos asciende al 82%. Se evidencia además que el mayor nivel de percepción de corrupción más del 85% de los funcionarios públicos, lo acumulan los legisladores. 

La nueva gestión legislativa 2020-2024 debe armonizar la gestión legislativa a la economía y la pandemia. Superar la existencia de élites partidarias, donde el bien común es desplazado por intereses individuales, lo que genera desigualdad y afecta negativamente el correcto desempeño de la democracia. Se impone definir una agenda legislativa de consenso, establecer prioridades, mejorar capacidades legislativas de los congresistas, tener acceso a sus “desconocidas oficinas” y monitorear su ejercicio. Estamos en eso


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