En su última comparecencia pública el Presidente Abinader, hizo énfasis en lo que es su agenda de go­bierno, la cual  tiene como       prioridad coyuntural el combate efectivo de la pandemia del covid-19 y la creación de empleos para generar bienestar en la población.

Esos objetivos del gobierno se buscan a través de políticas y líneas de trabajo que tienen que ver con la recuperación y dinamización de los sectores económicos, industria, turismo, agropecuaria, expansión del servicio eléctrico, de agua y recursos naturales, revolución e­ducativa inducida por la virtualidad impuesta por el virus, el fortalecimiento del sistema de Salud Pública, así como programas de ayuda social para mitigar los daños de la pandemia sobre todo en los sectores más vulnerables.

Esa agenda se complementa con los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de la institucionalidad democrática que conlleva a propiciar un Ministerio Público y una Justicia independientes, integrados por actores no partidarios  que cumplan sus funciones dándole primacía en sus decisiones  a lo que es de derecho según lo establecido por las leyes y la Constitución de la República.

Se trata de un ejercicio del accionar gubernamental enmarcado en el modelo clásico de la organización democrática del Estado, respetuosa del marco jurídico, de la libertad  y del respeto ciudadano, que persigue enrumbar el país por un desa­rrollo económico que se traduzca en bienestar  y seguridad ciudadanas, al tiempo de hacer  valer los criterios políticos de la eficiencia del Estado, la honradez y honestidad de los funcionarios, así como la ética, criterios muchas veces ausentes y que se convierten en debilidades crónicas en el ejercicio de la política dominicana, obstruyendo la realización  de lo que sería “el buen gobierno”.  

Hasta ahora el accionar del gobierno dentro de esa agenda ha merecido el reconocimiento de la población según las encuestas, aunque la oposición y como es natural, en su condición de “afueriada del poder” está obligada a negar toda efectividad en las ejecutorias oficiales.

No obstante, dos tentaciones que vienen de la tradición caudi­llista y oligárquica, atentan contra la coherencia y solidez en las acciones del gobierno: la tentación de la corrupción por aquellos que al llegar a una posición pública se hacen de la idea de aprovechar la oportunidad no para servir al Estado y  a la ciudadanía, sino para apropiarse de los recursos públicos para fines privados, la corrupción; la otra tentación es la de aprovechar la posición oficial, el poder, para satisfacer el apetito sexual, seduciendo o forzando a compañeras o compañeros de trabajo. La corrupción y el sexo son los “pecados” más habituales dentro de la dominación tradicional caudillista. 

De esas tentaciones debe cuidarse la Administración de Abinader, si quiere realizar un gobierno honrado, honesto, transparente, eficaz y ético, ejemplo para las futuras ge­neraciones.

¡Qué predominen en la gestión de gobierno el buen criterio, la ética y la eficiencia!