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Redacción

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La justicia independiente


  • 05.08.2020 - 12:00 am

El presidente electo ya tiene prácticamente conformado su gabinete inicial para a­rrancar, a partir del 16 de agosto, con el prometido “cambio”. La gran expectativa se ha creado en torno a la designación del Procurador, cargo para el cual la Sociedad Civil y los mismos triunfadores del pasado certamen electoral, esperan una persona capaz, honesta, honrada, valiente, comedida y prudente y sobre todo, independiente.

Esa decisión marcaría el punto inicial para una justicia en capacidad de garantizar el ordenamiento institucional y de combatir con efectividad la delincuencia y en particular la corrupción administrativa, y la delincuencia en general.  

Combatir esa realidad tan pesada supone una gran voluntad política y una gran capacidad institucionalizada, que va mucho más allá de la independencia de un Procurador y un puñado de fiscales y luego de jueces. 

Ese combate efectivo supone el desarrollo de otras condiciones sociales y económicas que van mucho mas allá de una justicia independiente como lo manda la Constitución, al establecer el principio de la separación de los poderes del estado. Esas condiciones tienen que ver con la dinámica de la composición social y el modelo de desarrollo institucional del sistema social nacional.

En efecto, la teoría del estado democrático supone un modelo de desarrollo institucional fundamentado en la iniciativa privada que ha de ser responsabilidad del sector privado, el cual ha de ser regulado e impulsado por el Estado, cuyo aparato administrativo y ejecutivo ha de ser materializado por la llamada clase gobernante, especializada en el manejo del Estado y que ha de impulsar al sector privado como principal fuente de generación de empleos y de recursos que han de sustentar el desarrollo para beneficiar y    arrastrar a toda la población a la prosperidad.

Para que ese esquema de la democracia capitalista funcione la clase gobernante, aunque opere para expandir a la clase económicamente dominante que germina del interior de las empresas, tiene que regular a éstas, de modo que le impida sobre todo la tentación del monopolio, para que el mercado opere eficientemente y sobre todo democráticamente con equidad e igualdad de condiciones para todos los agentes económicos. De ahí nace la necesidad de la independencia y separación de los poderes y en especial de la justicia independiente.

Esas condiciones están muy lejos de que se den en nuestro país, donde las oligarquías han predominado monopolizando la acción del Estado e interfiriendo para que la justicia a través del Poder Ejecutivo responda a los intereses particulares de esos grupos oligárquicos. Para ello la clase gobernante se ha valido del esquema tradicional del modelo de dominación personal y caudi­llista.

En esas condiciones de la do­minación oligárquica y caudillista que niegan la democracia y el propio desarrollo capitalista, es que el nuevo gobierno recibe la oportunidad de reformar esa tradición histórica para volver a los orígenes conceptuales de un estado capitalista y democrático, donde la iniciativa privada cobre su rol en el quehacer de la nación y el Estado pueda enrumbarse por los principios democráticos de la se­paración y alternación de los poderes. De esa forma se echarían las bases para una justicia independiente, como lo reclama buena parte de la población dominicana.

¡Qué se dé el paso inicial con el Procurador independiente!


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