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Redacción

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Las APPs y el interés nacional


  • 27.01.2021 - 12:00 am

Las decisiones de “el buen gobierno” deben tener como referencia la defensa del interés nacional. Ese criterio debe primar a la hora, por ejemplo, de concebir y materializar los socorridos contratos APP, fórmula actualizada del principio doctrinal de que el Estado debe fomentar la iniciativa privada para el logro de los objetivos del desarrollo.

Ahora que el presidente Luis Abinader se ha propuesto fomentar la iniciativa conjunta entre el sector privado nacional e internacional y el sector público, mediante los contratos APP, es importante que se tenga muy en cuenta el oneroso y perjudicial contrato acordado entre el Estado y las dos concesionarias que llevaron a cabo la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná y el Bulevar de Las Terrenas.

Esos contratos fueron concebidos con un mecanismo de garantía denominado Ingreso Mí­nimo Garantizado, de tal manera que solo el Estado corre con todos los riesgos, garantizándole beneficios a los concesionarios, que son y serán una pesada e injusta carga para el presupuesto de una nación cargada de problemas, de pobreza y de injusticias sociales y judiciales.

Según lo estimado por expertos, el Estado garantiza a las concesio-narias unos ingresos que al final de los contratos son del orden de los US$ 1,922 millones por la carretera Santo Domingo-Samaná; y US$ 1,269 millones por el Bulevar, frente a unas obras valoradas en US$ 264 millones y de US$ 180 millones respectivamente. Además, si se comparan estas inversiones con paráme-tros internacionales se tienen unos sobrecostes del 70% la primera y del 46% la segunda.

Las previsiones de tráfico originales mostraban unos ingresos por peaje que superaban el Ingreso Mí-nimo Garantizado, que permitirían incluso repartir el excedente con el Estado Dominicano. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente, y el porcentaje de ingresos por peaje con relación al Ingreso Mínimo Garantizado ha sido sólo del 25% en la carretera Santo Domingo-Samaná y del 6% en el Bulevar, teniendo el Estado que compensar la diferencia, que se estima durante toda la concesión en US$ 1,563 millones y en US$ 1,134 millones, respectivamente. 

Si bien el Estado debe compensar a las concesionarias en caso de querer rescindir estos contratos, del orden de los US$ 227.2 millones la carretera Santo Domingo-Samaná y US$ 215.35 millones el Bulevar, si la rescición se produjera en este año, además de tener que mantener y operar las carreteras lo que resta de contrato, que supone otro costo de US$ 138.24 millones la carretera Santo Domingo-Samaná, y US$ 116.10 millones el Bulevar, no es descabellado plantearse la terminación anticipada de los mismos, dada la posición gravemente lesiva y de desequilibrio económico que soporta el Estado Dominicano con estos contratos.   

De lo anterior se desprende que la terminación anticipada de estas concesiones  implica, en el peor de los escenarios (por causa imputable al concedente, el Estado), un ahorro de más de US$ 396 millones  en la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, y casi US$ 188 millones en la del Bulevar.

El saldo de esa rescisión sería favorable para la nación, aún en un caso como el aquí tratado, cuyos términos solo garantizan beneficios al capital “buitre”, perjudicando el interés de la Nación. Sirva, pues, este ejemplo de un llamado al Gobierno para que se prepare al momento de concebir los “prometedores” contratos de APP.   

¡Aprendamos de esa lección!


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