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Redacción

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Lucha por el desarrollo equilibrado


  • 03.02.2021 - 12:00 am

En el escenario del Congreso Nacional se está llevando a cabo una inesperada lucha entre diputados y senadores, los primeros favoreciendo la permanencia y extensión de los incentivos que contempla la Ley 28-01 sobre el desarrollo fronterizo;  y los segundos tratando de responder a los intereses de los industriales que siempre vieron en esa Ley una competencia desleal respecto a sus empresas industriales radicadas en torno a la Capital.

La dura lucha ha surgido con motivo de que el plazo de la Ley llegó a su fin, y mientras unos, los fronterizos, manifiestan sus reclamos para que se extienda el plazo, los otros, los industriales tradicionales, ven la oportunidad de liquidar una disposición jurídica que ellos entienden que les perjudica a sus intereses.

De esa forma el conflicto de intereses se refleja en las posiciones de los actores políticos que se expresan en la dinámica conflictiva a nivel del Congreso, enfrentando incluso a diputados y senadores del mismo partido de gobierno. En ese sentido inclina la balanza a favor de los sectores defensores de los incentivos fronterizos, la posición expresada por el Presidente Abinader, quien ante la situación  afirmó “que el Gobierno tiene el compromiso de resolver la desigualdad en el desarrollo territorial que afecta a las provincias fronterizas, para que ninguna demarcación quede atrás”.  

 Esa posición del Presidente Abinader es cónsona con la necesidad que tiene la nación dominicana de promover una estrategia de desarrollo con sentido de equidad social y también geográfica, ya que los beneficios de desarrollo por lo regular han favorecido a los grandes intereses enclavados en la Capital en detrimento de aquellos sectores localizados lejos del área de influencia del Gran Santo Domingo.

Precisamente la zona fronteriza ha sido la principal víctima de ese crecimiento industrial y económico asimétrico, tal como dicen los economistas, pero que en lenguaje llano significa un desarrollo desequilibrado y desigual entre los habitantes concentrados en la Capital y los habitantes del interior del país, especialmente los localizados en las provincias de la zona fronteriza.

Para que se tenga una idea de esa inequidad asimétrica a favor de los intereses concentrados en la Capital, basta solo referir la estadística que da cuenta de cómo se distribuía geográficamente la inversión en obras públicas en la década que fue del 1966 al 1976, cuando Santiago recibió el 33 % de la inversión pública que recibió  la Capital, en comparación con lo que se presupuestó para el 2007, cuando Santiago solo recibiría el 3% respecto a lo que recibiría  Santo Domingo.

Esa dramática situación de inequidad geográfica es la misma o peor para la zona fronteriza, zona que además requiere no solo de los beneficios de la Ley 28-01, sino de más inversiones públicas y privadas para que dicha zona sirva de espacio de contención de la masiva inmigración indocumentada de haitianos que vienen ocupando esos territorios de la frontera ante el abandono de la juventud y la población de esas provincias menos favorecidas y sin oportunidades.

¡Por Dios no lo queramos todo!   


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