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Redacción

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Marcha hacia la recuperación


  • 02.09.2020 - 12:00 am

El nuevo gobierno tiene por delante definidas cuatro prioridades en las que tiene que demostrar su honestidad y su eficacia, para echar hacia delante la recuperación del país dentro del marco de la nueva normalidad que dejará como legado la pandemia del covid. 

Esas prioridades son: la estrategia de ataque a la pandemia y el fortalecimiento del sistema sanitario; la recuperación de la economía a partir del plan de recuperación del turismo, así como de la implementación de proyectos como el de Bahía de Las Águilas y el polo de desarrollo de Manzanillo; el plan para el inicio del año escolar; y finalmente la estrategia para el fortalecimiento de la institucionalidad y la puesta en vigencia del estado de derecho y del combate de la corrupción y la impunidad.

Esas líneas de acción definen la agenda del gobierno del cambio, agenda que debe hacer primar los criterios guías de la ética a través de la licitud y de la eficiencia, de modo que se solucionen los pro­blemas que padece la población dominicana y que a pesar de tantos recursos dilapidados no encuentran todavía solución.

En ese accionar el gobierno tiene que tener cuidado de caer en debilidades que nieguen las banderas de la ética y la licitud, como ha sido el caso inaceptable de modificar una ley para complacer a una persona, patrón de conducta que pertenece al modelo atrasado de la dominación personal que se materializa mediante la jefatura caudillista.    

Pero salvando esa contrariedad complace saber que, en el orden de la prioridad del fortalecimiento de la institucionalidad y de combate a la corrupción, la magistrada Miriam Germán ha decidido asumir como Procuraduría las investigaciones sobre casos de co­rrupción que estaban en manos de la  Fiscalía del DN.    

En ese orden la Procuradora General de la República  solicitó a la Fiscal del Distrito Nacional una lista de los casos de corrupción pendientes, al tiempo de asumir los casos de INAIPI, la OMSA y del CEA, pendientes de investigación, la cual debe ser guiada, siguiendo un protocolo procesal estandarizado y objetivo, con las evidencias y pruebas de lugar para que puedan ser juzgados con la debida probidad y consistencia.

Se trata de una iniciativa de la Procuradora que constituye un paso de avance en la línea estratégica de hacer justicia frente a hechos que se han presentado como de corrupción y frente a los cuales no debe haber impunidad, si se quiere que el país fortalezca su institucionalidad legal y su democracia, tantas veces distorsionada por el viejo esquema de la dominación personal caudi­llista.

¡Sigamos, pues, avanzando hacia la recuperación moral e institucional!

El reto de la deuda

La deuda pública consolidada asciende a US$ 47,200 millones equivalentes al 57 % del PIB. De esa forma el problema de la deuda se va tornando más grave y deberá encararse con mayor racionalidad.

Por delante, y de acuerdo a las prioridades del gobierno, el país deberá continuar tomando recursos prestados, pero también deberá organizar el proceso para una renegociación con los acreedores de bonos soberanos, los cuales comenzarán a vencerse a partir del 2020.  

¡La deuda es un gran desafío a la racionalidad y a la mora­lidad!


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