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Redacción

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Paso decisivo


  • 05.04.2021 - 04:29 pm

El Senado de la República se aboca a designar a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Se trata de un momento determinante de la viabilidad del “cambio” como aspiración de política pública y con el que se comprometiera el Presidente Abinader y su partido Revolucionario Moderno en campaña.

Hasta ahora el Presidente viene manifestando con firmeza su propósito de encabezar una gestión de gobierno decente y apegada a la Constitución y las leyes, a modo de dejar atrás la tradición que condena a los gobiernos a fundamentarse en la represión, la coacción  y en la corrupción.

Pese a que ha sido claro el Presidente en su disposición civilista y democrática, con ética y apegado al estado de derecho, son muchas las presiones que vienen de su entorno, de su propio partido y de algunos de sus funcionarios, que inducen a la vuelta de los viejos vicios de la corrupción y del poder arbitrario y concentrado.    

Contra esa tradición viciosa, Abinader ha postulado por la independencia de los poderes, propósito que iniciara con su desprendimiento al designar una Procuraduría y un Ministerio Público independientes del Poder Ejecutivo, para viabilizar la lucha contra la corrupción y la impunidad y forjar una institucionalidad y un Estado organizado en el marco del estado de derecho y la transparencia.

Esa voluntad política del  Presidente estaría desafiada y quedaría sepultada si por angelical entendimiento deja que la Cámara de Cuentas  sea conformada por integrantes vinculados a partidos, con lo que se frustraría el intento por “el cambio” que prometiera. En esa situación la instituciona­lidad democrática del Estado sería tragada por la fuerza de la tradición autoritaria y corrupta que ha imperado en el país.   

Entre los opinadores públicos autorizados rueda la percepción de que la conformación de las ternas elaboradas por la Cámara de Diputados para que el Senado escoja a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, ha sido el fruto de un “acuerdo”, siguiendo el nocivo método del “acuerdo de aposento”, para volver a una Cámara de Cuentas que responda a los partidos.  

Ese sería un despropósito que de consumarse haría involucionar el proceso de la institucionalidad que propicia el actual gobierno, con lo que nuevamente se frustraría el camino de la nación hacia un Estado organizado de acuerdo a los principios de la democracia y no según los criterios fácticos del tradicional autoritarismo dominicano.  

El control del organismo fiscalizador del Poder Ejecutivo por una combinación de fuerzas partidarias, promovería el retorno de una Cámara de Cuentas dependiente de los partidos, la cual operaría como lo ha hecho la actual para proteger la impunidad de políticos y funcionarios seña­lados por corrupción.  

Ese retroceso hay que evitarlo y por el contrario la oportunidad de conformar una Cámara de Cuentas independiente que cumpla con su deber Constitucional y no con su compromiso partidario, hay que aprovecharla para profundizar el proceso de reforma del Estado de acuerdo a la institucionalidad democrática. 

¡Qué no se dé un paso atrás!    


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