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Aquiles Olivo Morel

Aquiles Olivo Morel


¿Quién sería un procurador independiente?


  • 05.08.2020 - 12:00 am

L os expertos examinan cuidadosamente la Constitución de la Republica para percatarse cuales ataduras limitan las acciones del Procurador General (PG) de la republica a la hora de cumplir con su rol de poner en marcha las acciones de justicias sobre los culpables. Los constitucionalistas también miran porque en los últimos anos esta figura tan primordial para hacer posible la defensa del patrimonio público y fundamental para la consolidación de la democracia no ha podido actuar sobre los principales casos de violación de las leyes y las inescrupulosas actuaciones de cientos de servidores públicos, los cuales aprovechando su posición afectaron los dineros del colectivo. 

Apenas transcurridos 10 años de promulgada la Constitución vigente empiezan a sentirse los aires para emprender una nuevo modificación, orientada a dar libertad casi absoluta a la figura del procurador.

¿Cuáles son las insatisfacciones para emprender una empresa históricamente compleja por la diversidad de criterios y por los niveles de confrontación con los cuales se lograron los consensos en las últimas modificaciones realizadas? ¿Acaso adolece la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133-11 de algún tipo de debilidad, aprovechada por los actores políticos para subordinar las actuaciones del PG a las directrices del Comité Central de la organización política oficialista de turno? Desde el 2011, goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Anualmente tiene una asignación individualizada en el Presupuesto General del Estado, esencial contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y la ejerce en representación de la sociedad.

Llama la atención, además, colocar una modificación Constitucional como una prioridad en medio de la crisis sanitaria, la crisis económica emergente y los grandes retos de emprender un año escolar, por ejemplo, con las amenazas de los contagios. La agenda del nuevo gobierno conlleva empezar con grandes sacrificios en todos los ministerios debido a las bajas recaudaciones y la necesidad de achicar el Estado para poder viabilizar muchas de las responsabilidades. 

Nadie puede ignorar las falencias del PG. La experiencia del caso Odebrecht, por solo citar un caso, escandalo ya resuelto en la justicia en los demás países, donde la multinacional, logro a través de los sobornos obtener ganancias en los concursos para la construcción de un conjunto de obras. 

El Procurador General (PG) según lo estable la Constitución lo selecciona mediante decreto el Presidente de la Republica, quien por supuesto, escogerá a una figura política, o mejor dicho a una persona con las competencias profesionales pero con los vasos de comunicantes  directos al órgano superior de la organización política de turno. Esa brecha en la constitución limita al PG para perseguir el crimen entre los suyos, agilizar procesos donde existan fragantes violaciones en el uso de los fondos públicos. Un PG así se inclinara finalmente por sus intereses políticos y cuando no, entonces, será directamente influenciado por su jefe inmediato y su entorno palaciego.  

El presidente de la Republica solo puede nombrar al Procurador General y a la mitad de los procuradores adjuntos, pues la otra mitad, y todos los fiscales del país, la designan el Consejo Superior del Poder Judicial, el órgano rector. La pretensión de quitar estas atribuciones al Presidente la Republica y mediante un mecanismo diferente dejar en mano de la sociedad y sus instituciones la escogencia de un procurador encontraría de frente a una clase política con poca vocación para aceptar el peso de las instituciones en el desarrollo de la democracia.

En los últimos 40 años los “principios rectores del ministerio público, que son: legalidad, oportunidad, objetividad, respeto a las víctimas, independencia, inamovilidad, probidad, responsabilidad, exclusividad, indivisibilidad, unidad de actuaciones, de jerarquía y de apoliticidad”, consagrados en la Constitución, parecen ser letras muertas a decir de los resultados.

Algunos piensa así: “Este no parece ser el momento propicio para debatir lo bueno o lo malo de una reforma constitucional, aun centrada en garantizar la independencia del Poder Judicial, porque todavía las nuevas autoridades anunciadas no han asumido sus funciones y porque otras urgencias dominan la agenda oficial”, ahora bien, no hacerlo pudiera ser el punto de partida para repetir la historia. La pandemia, la crisis económica y situación del año escolar, están al mismo nivel de prioridad que darle al pueblo dominicana la satisfacción de un PG independiente, una justica capaz de vigilar y sancionar el delito con prontitud. 

En cambio otros se inclinan así: “Parece utópico tener un procurador general políticamente independiente, pero creemos que es posible. Puede materializarse con la actual constitución, como dijimos, con el solo detalle de dejar ejercer al jefe del ministerio público de manera autónoma su labor”. La persona idónea para acometer esta tarea y darle a la justicia la dimensión añorada en aquellos días en que con mucho entusiasmo gran parte de la población se inclinó por el hoy Presidente de la Republica al escuchar esta promesa, la cual finalmente le ponía fecha y hora a la corrupción.  

¿Quién sería un procurador independiente? No solo sería alguien ausente de las reuniones del comité central sino el más cualificado, joven y con amplia visión. Pero por sobre todo con una conciencia de la gente y su idiosincrasia, quien podría ser capaz de emprender una lucha interminable para defender el patrimonio del Estado. 

Aunque con los elementos jurídicos establecidos en la actual Constitución de la Republica no se le impide que lo haga, sin embargo, la manera en que los últimos presidentes los escogieron, a través de los decretos, se le limitó para atender las amplias responsabilidades de garantizar esa justicia independiente que hoy este pueblo desea tener.  


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