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Redacción

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Reparto y democracia


  • 28.09.2020 - 12:00 am

El ejercicio antidemocrático practicado por políticos dominicanos, mediante el cual se reparten las instituciones del Estado como si fuera un botín, ha perjudicado la construcción de la democracia, porque se suplantan los intereses nacionales por ambiciones particulares.

Violar la Constitución y el sistema jurídico con propósitos personales, así como distanciarse de principios éticos y valores morales para imponer posiciones y funcionarios ineptos genera el  desorden institucional y sumerge a los pueblos en el atraso y el subdesarrollo.

Despolitizar las empresas e instituciones públicas, en especial los órganos que inciden en el sistema político-electoral en República Dominicana, es una misión apremiante por la salud de la democracia; esa es la respon­sabilidad y el deber de los actores políticos del país.

Hoy el debate gira en torno a si los futuros miembros de la Junta Central Electoral (JCE) deben o no tener independencia con respecto a los partidos políticos, en virtud de ello, se expresan ideas encontradas en los diversos sectores y se produce un conflicto en el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), debido a que el presidente Luis Abinader Corona se opone al reparto de las posiciones en el órgano electoral, mientras dirigentes y legisladores de esa organización y del PLD favorecen la escogencia de militantes políticos.

Resulta absurdo que los perremeístas enfrenten al jefe del Estado, quien envía señales positivas y coherentes,  porque los rebeldes se colocan del lado de quienes en el pasado se situaron  por encima de la Constitución, la verdad y la razón.

¿Qué es lo más importante sobre la JCE? Es factible que los integrantes de esa institución estén al margen de las estructuras partidarias, pero lo más interesante es que sujeten sus funciones a la Carta Magna y las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; ese el compromiso institucional ante la sociedad, el cual deben asumir con absoluta responsabi­lidad. 

Se ha demostrado que la demo­cracia se robustece y funciona con eficacia con la independencia político-partidista de los estamentos estatales, porque se designan en las gerencias y direcciones a técnicos y profesionales con las competencias imprescindibles para ejecutar políticas públicas eficientes y efectivas, a fin de darle respuestas satisfactorias a las necesidades y exigencias de la población.

Un estado de derecho se ampara en la democracia basada en el respeto a la Constitución, las leyes, normas, reglamentos e insti­tu­ciona­lidad que regulan el comportamiento de los ciudadanos y la sociedad.

Para que un régimen democrático marche con solidez y firmeza, es preciso que quienes controlan el poder e igual los ciudadanos actúen en consonancia con el orden institucional, lo que implica articular deberes y derechos,  como prueba fehaciente de una conducta y ciudadanía ejemplar.

Construir una democracia re­presentativa y participativa requiere de la suma de esfuerzos, energías y voluntades; ese es el reto patriótico de las cúpulas y los militantes de las fuerzas políticas y deben encararlo con mucha seriedad.

Que la madurez y la sensatez prevalezcan, pues, en la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral.


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