En un reportaje publicado en el periódico Hoy que recoge un trabajo de investigación del grupo de Alicia Ortega, se establece que por concepto del “peaje sombra” acordado por el Estado dominicano a favor de la concesionaria de la Autopista del Nordeste, el Estado ha gastado 26 mil 835 millones de pesos en ocho años, faltando más de 18 años para la terminación de los contratos.

En una nota editorial de este diario de LA INFORMACIÓN, tratando el tema de los contratos APP relativos a la Carretera Santo Domingo-Samaná y al Bulevar de Las Terrenas, se estableció, de acuerdo a cálculos de expertos, que al final de los contratos, restándole  lo producido por el peaje, que en la realidad solo ha llegado al 25% del Ingreso Mínimo Garantizado, las obras llegarían a costar  la suma de US$ 1,563 millones por la carretera y US$ 1,134 millones por el Bulevar. Es decir, que ambas obras les habrán de costar al Estado y al pueblo dominicanos, la suma de US$ 2,697 millones equivalentes en pesos a RD$ 161,820 millones muchas veces más del costo de construcción.

Se trata de un balance re­velador de lo lesivo y oneroso de esos contratos, que solo benefician a los concesionarios, sin ningún riesgo, y solo perjudica al pueblo dominicano, como consecuencia de un encuentro infeliz entre una mentalidad fruto del “capitalismo buitre” y de la mentalidad corrompida de unos funciona­rios que por efecto de la doctrina neoliberal que recorre el mundo, solo piensan de forma corrompida bajo la protección de la impunidad.

Pero todavía el Gobierno actual como administrador del erario, tiene la oportunidad de negociar esa pesada e injusta carga fiscal, aun en el caso de respetar las condiciones acordadas para rescindir los contratos.  De hacerse esto de parte del Estado,  tal como recomiendan expertos en la materia,  las empresas concesionarias tendrían garantizadas compensaciones del orden de unos US$227.2 millones por la carretera;  y por el Bulevar la suma de US$ 215 millones. En total la compensación sería de US$ 442.2 millones, equi­valente a RD$ 26,532 millones cuya forma de pago podría ser negociada.

De eso lograrse el país se ahorraría en los dos contratos, la suma de RD$ 35,040 mi­llones equi­valentes en dólares a 584 mi­llones. De esa forma el Estado y el pueblo dominicanos aliviarían la pesada carga que están significando unos contratos que constituyen una iniquidad contra una pobre  nación del Caribe. La li­beración del pueblo dominicano de esa iniquidad, surtiría un golpe de efecto que reva­lorizaría positivamente al Gobierno nacional, al ganarse la favorabilidad y el recono­cimiento de la ciudadanía por defender patrióticamente el interés nacional. 

¡Qué se negocie ese “sombrío” negocio!