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Redacción

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Una lucha difícil pero necesaria


  • 29.10.2020 - 12:00 am

La lucha contra la corrupción es una misión muy difícil pero al mismo tiempo necesaria e impostergable. Es imposible que la nación dominicana llegue a buen destino, si es conducida a través de las pautas y prácticas de la corrupción, las cuales han asumido en los últimos tiempos la categoría de sistema social y cultural, legitimando en el psiquismo colectivo del dominicano la idea malsana de que hacer política es hacer negocio para la apropiación privada de los recursos públicos o como dice el pueblo para “hacerse” con los cargos públicos.

Ese sistema social de la co­rrupción y esa cultura hay que desmantelarlos, por lo que se hace imprescindible que el Gobierno impulse los procesos que lleven a ese propósito, tal como lo ha reiterado el nuevo gobierno que encarna Luis Abinader. 

Un buen indicio para ese propósito ha sido la disposición del Presidente de que la Justicia dominicana sea manejada por personalidades y profesionales del derecho que no formen parte de los partidos políticos para no politizar el funcionamiento de la Justicia en sus diferentes estamentos. 

Siguiendo ese criterio el Pre­sidente Abinader procedió a la designación de un Ministerio Público independiente, dirigido ahora por persona­lidades con trayectorias reconocidas por su probidad, profesionalidad y su independencia de la política partidista.

Con esa decisión la Procuraduría de la República ha iniciado las acciones para conformar con bases jurídicas los casos que ameriten ser sometidos a la Justicia, la cual deberá sancionar con las penas de lugar, los casos en los que se comprueben las faltas cometidas por los inculpados.

El país viene presenciando como la nueva Procuraduría viene investigando mediante los inte­rrogatorios y el levantamiento de las documentaciones pertinentes, a manera de preparar de forma irrefutable los expedientes de los casos señalados con i­rregularidades.

Más adelante presenciaremos los casos que la Procuraduría someterá a los tribunales dominicanos para su debida sanción en los casos que se ameriten. Se trata, pues, del inicio de un proceso de reparación que habrá de reducir la corrupción y al mismo tiempo permitirá iniciar el desmantelamiento de las estructuras de la impunidad.

Es un inicio del cual no se debe esperar que la corrupción y la impunidad se acaben, pero la línea que se está trazando indica que la nación, en una buena parte, está decidida a enfrentar ese mal que ha descompuesto la moral ciudadana y que como sistema políticamente sostenido y fomentado, cuenta con muchos desviados acomodados al modo y medio de vida de la corrupción.    

El sistema de la corrupción afectó al inicio de  los años dos mil al sistema bancario y un gobierno fue capaz de llevar a los culpables a la Justicia, quienes recibieron sus condenas, al tiempo que se estableció un régimen normativo que fortaleció el sistema financiero que hoy exhibe una gran solidez.

Es pertinente que esa gestión se le aplique a la clase política que ha desviado lo que es la misión y naturaleza de la política y el Estado democrático.

¡Qué todo se haga de acuerdo al derecho, pero que se haga!


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